Foto: PLD
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó hoy a la Junta Central Electoral (JCE) rechazar la solicitud formulada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de suspender tres procesos de licitaciones de compras y contrataciones de bienes y servicios iniciados por el Plan Social de la Presidencia.
En una instancia suscrita por el delegado político del PLD ante la JCE, José Ramón Fadul, y el secretario de asuntos jurídicos, José Dantés Díaz, el PLD recuerda que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República es una institución dirigida a suplir las necesidades de alimentación, salud, techo y educación a sectores y personas que viven por debajo de los niveles de pobreza.
En ese sentido, dijo el PLD en un comunicado, ese organismo ha realizado en el pasado, y realiza, procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios y, desde el año 2006, lo hace amparado en la ley 340-06 de contrataciones públicas, que rige la materia.
"Lo primero que deseamos resaltar es que las labores del Plan Social de la Presidencia , incluyendo la solicitud de compras y contrataciones de bienes y servicios que denuncia el PRM, no se corresponden a acciones sociales o comunitarias extraordinarias", afirmó el partido oficialista.
El PLD afirmó que lo que ha hecho el Plan Social es cumplir con solicitudes de compras y contrataciones de bienes y servicios rutinarias incluidas en su plan anual de compras y contrataciones desde el año 2017 hasta el presente año 2020.
"Estas acciones son imprescindibles para cumplir con la misión del programa de solicitudes formuladas en el marco de la ley que rige la materia y observando fielmente lo que ella prescribe", sostuvo el PLD.
La organización dio que pretender que el Plan Social de la Presidencia, o cualquier otra institución del Estado, suspenda su labor rutinaria e incumpla con sus funciones misionales durante los meses en que se desarrolle el proceso electoral, equivaldría a paralizar las políticas públicas estatales y, en consecuencia, violar la Constitución y las leyes que rigen la administración pública.
Agregó que esto imposibilitaría a esas instituciones ofrecer cualquier tipo de servicio público a la población dominicana, no cumpliendo así el Estado dominicano con su función esencial de proteger, efectivamente, los derechos de las personas y el respeto de su dignidad dentro de un marco de justicia social, por lo que el desacato al mandato de la Constitución y la ley no es una opción.
En ese orden, consideró el PLD que la solicitud que ha formulado el PRM para suspender los procesos de compras y contrataciones del Plan Social es improcedente, infundada y carente de toda base legal.
