Gregorit José Martínez Mencia
Por Gregorit José Martínez Mencía
No cabe la menor duda de que la política peruana nos ha vuelto a demostrar que cuenta con una capacidad inagotable para generar grandes expectativas y tensión. Las elecciones presidenciales 2026 han configurado un escenario que, lejos de colaborar para la resolución de la profunda crisis de representatividad que existe en ese país, parece haberla profundizado a través de una segunda vuelta de infarto, algo parecido a lo ocurrido por allá por el 2004 con la serie final entre Boston Red Sox y los Yankees de New York. Con un electorado fragmentado que vio competir a más de una treintena de fórmulas en la primera vuelta, el balotaje definitivo se ha convertido, una vez más, en un plebiscito de rechazos mutuos, que vuelve a dividir el país y que augura una continuidad en la radicalización de las posiciones políticas.
El panorama político que se está viviendo en Perú se encuentra marcado por lo que los especialistas denominan “polarización afectiva”, pues las diferencias se extrapolan más allá de las ideas políticas, transmutándose en una profunda hostilidad, desconfianza y rechazo hacia el rival. La contienda final entre la derecha liderada por Keiko Sofia Fujimori Higuchi y la izquierda representada por Roberto Helbert Sánchez Palomino no se sostiene únicamente sobre debates ideológicos o planes de gobierno, sino sobre el miedo al rival.
Elementos históricos recientes pero muy arraigados entre los peruanos, se mantienen vigentes en esta rivalidad electoral. Por un lado, resurge el histórico voto antifujimorista, compuesto por un sector del electorado cuya principal motivación es evitar el retorno al poder de esta fuerza política, recordando que Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó Perú desde 1990 hasta el año 2000.
Por el otro lado, se consolida el temor hacia la izquierda que muchos votantes asocian con la inestabilidad que vivió ese país en la gestión del expresidente Pedro Castillo (actualmente en prisión), de quien Roberto Sánchez ha heredado seguidores en las zonas rurales y símbolos de campaña. El contexto de esta dinámica ha dejado a los votantes indecisos en la difícil posición de elegir entre lo que muchos denominan como “el mal menor”, donde el diálogo y el consenso han sido reemplazados por posturas irreconciliables.
Los resultados oficiales hasta este momento revelan que no hay un solo Perú votando, sino dos realidades paralelas. Lima y las principales zonas urbanas se inclinan hacia Fujimori, aferrándose a una promesa de orden y estabilidad macroeconómica. Sin embargo, en contraste, los Andes y las zonas rurales más profundas evidencian todo lo contrario, pues han respaldado masivamente a Roberto Sánchez, reflejando una demanda histórica de inclusión y un voto de protesta contra el sistema tradicional.
Esta evidente fractura territorial deja claramente establecido que Perú está polarizado en las urnas, uniendo temporalmente bajo dos grandes paraguas a una sociedad que en el día a día está profundamente dividida en lo que respecta a sus necesidades sociales y económicas.
No obstante, es importante señalar que, en medio de este clima de fricción, destaca la figura de Keiko Sofia Fujimori Higuchi, quien enfrenta su cuarta candidatura presidencial. Tras haber rozado el Palacio de Gobierno y perder por márgenes mínimos (apenas unos 40.000 votos de diferencia en las elecciones de 2016 y 2021), su persistencia en el escenario político es innegable.
Es indudable que las proyecciones y los conteos oficiales de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) muestran un escenario de empate técnico que recuerda a sus batallas pasadas. Sin embargo, en este caso se presenta un factor que podría inclinar la balanza a su favor, y ese factor se llama: “voto en el exterior”. Con un sólido respaldo de la diáspora peruana, especialmente en Estados Unidos, Fujimori ha logrado compensar la desventaja en las regiones del sur del país.
De confirmarse esta tendencia, su eventual victoria no solo representaría la culminación de más de una década de perseverancia electoral, sino también el inmenso reto de gobernar un país dividido por la mitad. Un país donde todos los expresidentes se encuentran judicialmente procesados o condenados, un país que desde 2016 a la fecha ningún presidente ha concluido su mandato (Kuczynski, Vizcarra, Merino y Castillo), un país que parece haber normalizado la destitución presidencial y la inestabilidad política.
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