Foto: Punta Catalina
Participación Ciudadana aseguró que la modalidad de auditoría (“investigación especial”) hecha por la Cámara de Cuentas a Punta Catalina no se corresponde que la ley.
El capítulo dominicano de Transparencia Internacional precisó que la auditoría no se corresponde con el artículo 30 de la Ley 10-04 de la Cámara de Cuentas, porque no se realizaron investigaciones especiales ante la presunción de ‘la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales…’.
Precisó que los auditores se limitaron a revisar los registros, contratos y facturas de la cuenta de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) denominada Construcción en Proceso No. 107000551, como se indica en el Informe de la Investigación Especial (IIE), numeral 4”.
A través de un comunicado, la organización de la sociedad civil indicó que la investigación forense y la investigación económica, para determinar la racionalidad de los contratos, de los costos de las obras y su posible sobrevaluación, estuvo ausente en esta auditoría.
“No se investigó, por ejemplo, la justificación de un pago por más de mil millones de pesos (RD$1,086,139,835.00) por concepto de nivelación de terreno, limitándose los auditores haber registrado el pago de esa suma en la referida cuenta de la CDEEE”, añadió.
Lo mismo dijo del valor pagado por los contratos de asesorías. Por ejemplo, al asesor ambiental se le pagó 191.5 millones de pesos, al asesor legal se le pagó 196.1 millones de pesos, al financiero 67.3 millones y al técnico 51.1 millones.
Señaló que otro de los gastos que debieron ser sometidos a escrutinio y a una opinión técnica-forense fue el de publicidad, ascendente a 465 millones de pesos, entre el referido período 2013-2017; “gastos que se han seguido incrementando, sin necesidad, durante los años 2018 y 2019”.
Destacó a la Cámara de Cuentas se le pasó desapercibido que la CDEEE, al parecer, gastó de manera unilateral al 31 de diciembre de 2017, más de lo que le correspondía, sumando un total de 17,500 millones de pesos, habiendo entregado a Odebrecht la suma de 78,000 millones de pesos, lo que refleja una falta de claridad en las responsabilidades de ambas partes, que debió ser aclarada por la “investigación especial”.
Manifestó que la “investigación especial” de la Cámara de Cuentas tampoco advirtió la contradicción financiero-legal del hecho siguiente: en el punto IV de la investigación-auditoría, denominado “Hechos Subsecuentes”, se da cuenta de que el 18 de junio de 2018 la CDEEE y el consorcio encabezado por Odebrecht firmaron un “Acuerdo Marco”, según el cual se ratifica que el proyecto Punta Catalina no pasará de mil novecientos cuarenta y cinco millones de dólares (US$1,945,000,000), como se establece en el contrato original.
Sin embargo, habiendo desembolsado la CDEEE al 31 de diciembre de 2017, con facturas recibidas, la suma de mil novecientos cuarenta y tres millones seiscientos veintidós mil seiscientos veintinueve dólares (US$1,943,622,629.00), y teniendo cuentas por pagar de sesenta y ocho millones quinientos mil dólares (US$ 68,500,000.00), ya el gasto se sitúa por encima de los dos mil millones de dólares (US$ 2,000,000,000.00).
Añadió que existe otra contradicción: el referido “Acuerdo Marco”, luego que Odebrecht demandara al Estado dominicano por un pago adicional de 708 millones de dólares, crea un “fondo contingente”, por exigencia de Odebrecht para continuar la obra, por el monto de 336 millones de dólares, ya avanzado por el Gobierno, estableciéndose que lo pagará la parte que pierda el juicio que hoy se lleva en una instancia de arbitraje de Estados Unidos.
“Esto significa que, si el laudo arbitral es contrario a la CDEEE, la planta de Punta catalina le saldrá al pueblo dominicano por casi tres mil millones de dólares, incluyendo las pérdidas cambiarias asumidas por la CDEEE que ascienden a más de 260 millones de dólares”, añadió.
El Consejo Nacional de PC agregó que el referido “Acuerdo Marco” fijó la fecha de diciembre de 2018 y febrero de 2019 para que Odebrecht entregara las dos plantas en construcción, estableciendo una penalidad de 220 mil dólares por cada día de retraso en la entrega; destacando que la Cámara de Cuentas, a pesar de que usa el “Acuerdo Marco” como una referencia de su investigación, silencia lo que ha pasado con esta parte del acuerdo, como lo ha silenciado la CDEEE y el administrador de Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder.
Expresó que por todo lo anterior, la conclusión de la Cámara de Cuentas de que el saldo de la cuenta correspondiente a Punta Catalina se presenta de manera razonable, es “sumamente superficial, carente de sistematicidad y rigurosidad desde el punto de vista forense y de una investigación especial para detectar posibles irregularidades”.
Consideró que la enorme inversión sea nuevamente auditada por una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público ajenos a la politiquería y a intereses partidarios, sostuvo el Consejo Nacional de PC en el comunicado.
