Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales depositó este miércoles una querella en contra del empresario Santiago Rodríguez, acusado de supuestamente agredir a un guardaparque en el ejercicio de sus funciones en la provincia de Pedernales.
El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, indicó que la querella fue depositada ante la fiscalía de esa provincia por el abuso cometido por el señor Rodríguez, propietario del restaurante Cueva Bahía de Águila en Pedernales, contra el guardaparque Juan Pablo Reyes.
De acuerdo al comunicado, el trabajador del Ministerio de Medio Ambiente fue agredido por el empresario de forma física y verbal el pasado sábado 8 del presente mes, cuando este se dispuso a supervisar una denuncia realizada por los servidores de la boletería de la Cueva, Bahía de las Águilas, quienes denunciaron que los visitantes se quejaban por la molestia y mal olor que provocaron los trabajos de excavación del séptico, realizados por Rodríguez en su negocio.
El guardaparque narró que al acercarse al empresario para hablar sobre la situación, se dispuso a grabar y tomar fotos para usarlos como prueba del delito ambiental, y el propietario del restaurante lo golpeó y agredió también verbalmente.
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“No vamos a permitir este tipo de atropello contra ninguno de nuestros colaboradores, y esperamos que este sea un ejemplo que llegue hasta las últimas consecuencias”, expresó Jorge Mera.
El ministerio precisó que los trabajos realizados por el empresario estaban siendo hechos con un camión succionador que daba mantenimiento a los sépticos de los baños, provocando con esto un hedor insoportable en el entorno, contaminando la zona y causando malestar entre los visitantes que se encontraban en la playa.
"La agresión quedó grabada en el móvil del guardaparque, prueba de que el empresario cometió el hecho por el cual se le acusa, por lo que el ministerio exige todo el peso como lo exige la ley: las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidas contra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un servicio público, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuando desempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño", concluye el comunicado.
