El gobierno de Marruecos se ha propuesto controlar la actividad de sus imanes en las redes sociales y, para comenzar, ha mandado una misiva a los delegados del ministerio de Asuntos Islámicos en todo el país pidiéndoles elaborar un censo de todos los imanes y los predicadores que tienen una cuenta en las redes sociales.

Según el contenido de la circular emitida por el ministerio y consultada por Efe, los delegados regionales del departamento y los responsables de los consejos de Ulemas del país deben «preparar un censo completo de los imanes, predicadores y predicadoras que disponen de una cuenta en Facebook, Instagram, Twitter y en Google».

Este censo tendrá que ser preparado antes de finales de octubre, explicó el documento, enviado a las 82 delegaciones regionales del Ministerio y un número similar de los consejos regionales de ulemas.

El Ministerio de Asuntos Islámicos sacó anoche una aclaración en la agencia oficial MAP en la que explica que los imanes deben evitar disonancias entre su discurso dentro y fuera de la mezquita.

Si los religiosos emiten un mensaje en las redes «contrario a las constantes del país», se le llamará la atención y se tomarán medidas contra esa persona en caso de que «la infracción persista», añade la fuente.

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El ministerio aclara que los imanes deben siempre ejercer su labor dentro del «respeto de los constantes de la nación», que en el vocabulario oficial significa el respeto al rey, la interpretación suní (más el rito malekí) del islam y la integridad territorial del país.

Desde que el país emprendió en 2004 la reforma del campo religioso, el gobierno controla férreamente las actividades de sus imanes: tienen prohibida cualquier filiación o actividad política o sindical y deben atenerse en sus sermones a las directrices semanales del gobierno, siendo frecuentes los casos en que imanes son sancionados por saltarse esas directrices.

El ámbito religioso es competencia exclusiva del rey en su calidad de «emir al muminín» (comendador de los creyentes).

El intento del gobierno de controlar la actividad virtual de sus funcionarios ya se reflejó en 2015 en una prohibición a los militares y gendarmes marroquíes de abrir cuentas en redes sociales por «razones de seguridad», salvo que contaran con autorización previa de sus superiores.