El presidente Daniel Ortega | Foto: EFE
El consenso sobre los garantes internacionales se ha convertido en el nuevo obstáculo en la mesa de negociaciones entre el Gobierno de Nicaragua y una alianza opositora con las que buscan superar la crisis que estalló en abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, informó este jueves Crisis Group.
"El Gobierno se muestra reacio a aceptar la presencia de garantes internacionales", dijo Crisis Group, una organización internacional dedicada al análisis de países en conflicto o sumergidos en crisis, en un informe enviado a Efe.
Fuentes cercanas a los negociadores de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han confirmado a Efe que el Ejecutivo se opone a la presencia de ciertos garantes internacionales, quienes buscarían asegurar que ambas partes cumplan con cualquier acuerdo alcanzado en las conversaciones.
El martes pasado, las partes decidieron posponer el nombramiento de los garantes hasta después de aprobar la agenda, "lo que parece confirmar la indecisión del Gobierno", anotó Crisis Group.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha anunciado que el organismo podría actuar como "garante" del diálogo en Nicaragua, donde considera que es posible alcanzar una "solución nicaragüense" a la crisis que ha dejado cientos de muertos y de detenidos.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
Además de la OEA, en la mesa de negociaciones se ha barajado la presencia de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Unión Europea (UE) como garantes.
Fuentes de la Alianza Cívica no descartan que el Gobierno de Ortega proponga al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), México o Uruguay.
Por otra parte, Crisis Group advirtió que la iniciativa de Ortega en las negociaciones pueda ser parte de una estrategia de "divide-y-reinarás, dirigida a dividir a la oposición en un momento en que lucha por la cohesión, con muchos de sus líderes en el exilio, en la cárcel o en procesos judiciales".
"Ortega puede estar abordando el diálogo de mala fe, con la única intención de ganar tiempo y aplacar a los críticos internacionales", señaló ese organismo.
Según ese informe, es posible que Ortega ya haya demostrado una falta de interés en hacer más concesiones que el mínimo necesario para evitar nuevas sanciones y salvar la economía nicaragüense, sin atender las demandas centrales de democratización y justicia de la oposición.
Por tanto, a juicio de Crisis Group, el mayor desafío de la Alianza Cívica en el momento es negociar la agenda del diálogo, y luego debería ser incrementar su credibilidad y legitimidad a medida que el diálogo continúa, con el fin de evitar un escenario en el que grandes segmentos de la oposición desconozcan los posibles resultados de las conversaciones.
En la séptima ronda de negociaciones, las partes no dieron a conocer ningún acuerdo.
Durante la jornada, la Asamblea Nacional (parlamento), de mayoría oficialista, aprobó la compra de un banco sancionado por Estados Unidos a un monto equivalente a 22,7 millones de dólares, ante un pedido "con carácter de urgencia" realizado por Ortega.
El Banco Corporativo (Bancorp) fue alcanzado por sanciones que Estados Unidos estableció a PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.), ya que es la entidad donde se colocaron los recursos de Caruna (Caja Rural Nacional) que provenían de la millonaria cooperación venezolana, según dijo el 30 de enero pasado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
La decisión de los diputados sandinistas fue criticada por los opositores y advirtieron que detrás de eso podría haber acciones ilícitas.
Asimismo, un grupo de ocho mujeres arrestadas tras protestar contra Ortega se encuentran en huelga de hambre desde la semana pasada, según sus madres.
Mientras una sesión especial en la Asamblea Nacional para celebrar el Día Internacional de la Mujer terminó en polémica, cuando un hombre arrebató una manta de protesta a dos diputadas opositoras que exigían la liberación de las "prisioneras políticas".
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
