Esteban Delgado | Foto: Kelvin de la Cruz
Las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) indican que desde marzo de este año, cuando se inició la cuarentena por la pandemia del Covid-19 hasta el cierre de octubre pasado, la cantidad de empleados formales del sector privado cotizantes ha bajado en poco más de 254,000 trabajadores.
Esa es la cantidad estimada de empleos perdidos, no suspendidos, como consecuencia de los efectos de la pandemia sobre la economía local.
Cuando se agregan los cientos de miles de trabajadores suspendidos o parcialmente suspendidos, la situación es de mayor preocupación en el mercado laboral dominicano.
El Gobierno mantiene desde abril de este año el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) en dos denominaciones, para subsidiar con un aporte de hasta RD$8,500 mensuales a los trabajadores suspendidos y para completar el salario de empleados en empresas que han tenido que reducir parte de su producción a causa de la pandemia.
El asunto es que FASE 1 y 2 tienen un costo económico muy elevado para el presupuesto de la nación, lo cual hace imposible que el Gobierno pueda continuar su aplicación más allá del 31 de diciembre.
Esto indica que a partir de enero el subsidio a los salarios de los trabajadores del sector privado suspendidos o parcialmente suspendidos dejará de existir y los beneficiarios que no retornen a sus puestos de trabajo correrían la suerte de quedar desempleados.
De ser así, la cantidad de trabajadores que han dejado de cotizar a la TSS aumentaría mucho más a partir del próximo año, a menos que se produzca una mayor apertura de las actividades económicas y que la situación apunte a una recuperación y normalidad.
Aparentemente, a eso es que apuesta el presidente Luis Abinader, ya que en la propuesta de Presupuesto General de la Nación para el 2021 se hicieron estimaciones de ingresos y gastos muy parecidas a las que originalmente contenía el presupuesto de este año, antes de la pandemia.
Entonces, es posible que el Gobierno asuma que para el 2021 el país estaría en la misma condición en que estaba a principios del 2020, antes del Covid-19, lo cual se torna improbable, ya que la pandemia no termina en el año calendario, sino que se trata de un mal con efectos indefinidos en el tiempo.
La visión del Gobierno puede ser correcta desde el punto de vista económico, aunque no para el inicio del año 2021, sino para el transcurso de sus 12 meses. Esto así, porque el Banco Central ha pronosticado que este 2020 la economía terminará con un decrecimiento de 6 %.
Asimismo, el Banco Central estima que para 2021 la economía crecería en un 6 %. Si se analiza desde el punto de vista matemático, una caída de menos 6 % este año y un crecimiento de 6 % en 2021, colocaría al producto interno bruto (PIB) en la misma condición en que estaba al cierre de 2019 y principios de 2020, es decir, un punto neutral.
Pero ese punto neutral de recuperación no sería a principios de 2021, sino para finales de ese año, que es para cuando se espera que el crecimiento alcance el promedio al alza que tendría este año a la baja.
El 2021 puede convertirse en el año de la recuperación económica, pero no con resultados inmediatos, en el primer o segundo trimestre, sino a partir de la segunda mitad, pues la pandemia y sus efectos no terminan el 31 de diciembre, aunque es lo que todos quisiéramos.
El próximo será un año de desafíos importantes para las autoridades y para los sectores empresariales, especialmente las micro y pequeñas empresas (mipyme) que han sido las más afectadas por la pandemia.
De hecho, las estadísticas de la TSS muestran que de marzo a octubre la cantidad de empleadores (empresas) que dejaron de cotizar a la seguridad social es de 3,745 unidades productivas, al bajar de 91,739 a 87 mil 994. Casi la totalidad son o eran empresas micro y pequeñas que empleaban de uno a 50 empleados.
Las grandes empresas, aunque han reducido su producción, no se han visto forzadas a desaparecer, como ha ocurrido con una cantidad importante de mipyme.
