Elsa Alcántara, Lourdes Contreras, José Izarra y Magaly Caram | Foto: Intec
Durante los últimos tres años no se ha logrado ningún avance importante en los temas críticos de derecho y desarrollo de las mujeres dominicanas con miras a alcanzar la igualdad, de acuerdo a un análisis de las estadísticas nacionales sobre violencia, acceso a empleos e ingresos propios, educación, salud y participación social y política que elaboró hizo un conjunto de 58 organizaciones sociales.
El documento "Las deudas sociales del país con las mujeres", preparado por el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y Profamilia, precisa que los hogares encabezados por mujeres todavía registran mayores niveles de pobreza que los dirigidos por hombres.
Según un comunicado, en el 2016, el nivel de pobreza en hogares dirigidos por mujeres era de 26.7 %, en la actualidad asciende a 30.37 %. En tanto que, en los hogares de jefatura masculina, tenían un nivel de pobreza de 20.9 % en 2016 y ahora de 27.4 %, muy por debajo de los de mujeres. A nivel nacional, las más afectadas son las mujeres que viven en zonas rurales (40.41 %)”.
Respecto al acceso al empleo, el estudio estima que al 2017 la tasa de participación global de las mujeres en el mercado laboral era de 49 %, mientras en los hombres era de 76 %.
En ese mismo año, la tasa de desocupación abierta alcanzaba al 7.8 % de las mujeres y el 3.95 % de los hombres, mientras que el desempleo ampliado afectaba al 23.4 % de las mujeres y al 12.3 % de los hombres.
l documento, que fue presentado en la Sala Julio Ravelo de la Fuente del Intec, indica además que, a pesar de tener mayor formación que los hombres, las mujeres mayormente asumen las responsabilidades de cuidado y de tareas del hogar, pues dedican un promedio de 31.2 horas por semana al trabajo no remunerado.
Violencia contra la mujer
En materia de violencia, según el estudio, desde 2014 la República Dominicana se ha mantenido como el tercer país con mayor tasa de feminicidios en la región. En 2017 se realizaron unas 59,391 denuncias por violencia de género e intrafamiliar y 5,808 por delitos sexuales, pero la respuesta del Estado no se corresponde ya que, en materia de feminicidios, el 80 % de los casos habían interpuesto una querella.
La cantidad de órdenes de protección emitidas fue de 17,148. En ese año ocurrieron 117 feminicidios que dejaron 105 huérfanos. De los agresores, 30 tenían historial de violencia. El 46.1% de las mujeres asesinadas ya estaba en separación al momento de su muerte.
Salud y seguridad social
Las organizaciones denuncian que el país no tiene una política integral de salud y de derechos sexuales y reproductivos, por lo que la mortalidad materna se mantiene elevada (104.4 casos por cada 100 mil nacidos vivos) y existe una alta proporción de cesáreas (58.1 %) la más alta de la región, lo que supera en un 15 % la proporción que se entiende aceptable por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Al igual, se destaca que la República Dominicana es el segundo, país con la tasa más alta de mortalidad neonatal de la región, solo superado por Haití, lo cual está asociado a las condiciones de vida y salud de las mujeres gestantes más pobres.
“La falta de servicios de salud accesibles y gratuitos por parte del Estado violenta la autonomía física y el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, y obliga a las mujeres que quieren salvar sus vidas a realizarse abortos en condiciones inseguras y clandestinas, lo que impacta especialmente a las que viven en la pobreza y condiciones de vulnerabilidad”, plantea el documento.
Igualmente hay una necesidad insatisfecha de acceso a métodos anticonceptivos que en adolescentes es de 27 %, y existe una barrera de acceso de 40 % en la detección de cáncer uterino, y de 17 % en cáncer de mama.
Otro aspecto que alarma a las organizaciones es que una de cada cinco adolescentes es madre o ha estado embarazada, siendo esta una de las tasas más altas de América Latina. Explican que el matrimonio infantil y las uniones tempranas y la ausencia de educación integral en sexualidad se asocian a los elevados índices de embarazos en la adolescencia.
“República Dominicana es uno de los países de la región que registra más uniones tempranas (37 %), lo que representa la negación de derechos fundamentales de niñas y adolescentes”, precisa.
Las deudas en participación política y ciudadana
Sobre la participación de las mujeres en los organismos de toma de decisiones las entidades consideran que se mantiene muy baja a pesar de las normativas existentes para revertir esta situación.
Detallan que de 22 ministerios en el Poder Ejecutivo, solo dos son dirigidos por mujeres; en el Senado, de 32 cargos, apenas tres son ocupados por mujeres; en la Cámara de Diputados las mujeres ocupan el 28.1 % de los puestos.
En el Banco Central, organismo donde se toman las principales decisiones económicas, de 10 integrantes de su Junta Monetaria ninguna es mujer y en los ayuntamientos, solo se ha podido lograr la cuota a nivel de regidurías (34.1 %), y en las alcaldías las mujeres apenas son el 12.1 %.
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Presupuesto público
Las organizaciones sostienen que la inversión del Estado en el logro de la igualdad es insuficiente, dispersa, desarticulada y carente de enfoque de género.
“La formulación del presupuesto es una labor sin participación de la ciudadanía en general ni de las mujeres en particular. Tanto en el Consejo de Ministros que lo discute como en la Comisión Bicameral que lo aprueba están constituidos casi exclusivamente por hombres. Para el 2019 los gastos computados a equidad de género apenas representan un 0.04 % del presupuesto general del Estado, el segundo renglón de inversión social más bajo en toda la administración central después de juventud, que se sitúa en 0.01%”, expresan.
Propuestas
Indican que para el Estado pagar las deudas sociales con las mujeres, arrastrada por años, es necesario disponer de políticas para la formación en igualdad, tanto educativas como laborales y de corresponsabilidad en las tareas de cuidado y realizar un cambio en las dinámicas de las estructuras políticas y sociales para lograr bases más democráticas e inclusivas.
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"En esencia los procesos de empoderamiento de las mujeres constituyen retos de primer orden en la transformación de las relaciones de género", concluye el documento en que el conjunto de organizaciones de sociales, de mujeres y feministas citan las principales demandas de la mujer en materia de igualdad.
