El ingeniero eléctrico y nuclear Antonio Almonte criticó que tras 20 años de Gobiernos, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido incapaz de solucionar el grave problema de generación y suministro de electricidad que afecta al país.
Recordó que en el año 1999, para justificar la privatización de la generación y distribución de la electricidad, tanto el entonces presidente Leonel Fernández y el sector privado alegaron la incapacidad gerencial del Estado para resolver el problema.
Almonte, quien es el coordinador de la Comisión de Energía del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), estimó que resulta increíble que a 20 años de la capitalización del sistema eléctrico, el Gobierno admita la incapacidad estatal para solucionar el problema del sector.
Durante su participación de los miércoles en el programa Milagros desde la Z, que por ZTV en YouTube y la Z101.3 FM producen Milagros Ortiz Bosch y Julio Cordero, el profesional y dirigente político reiteró sus críticas al proceso de licitación de las plantas a carbón de Punta Catalina, así como el elevado costo que ha significado su construcción para el Estado y el país.
Sostuvo que ese proyecto, que se vendió como una panacea para la solución del problema eléctrico, hoy es un dolor de cabeza para el Gobierno, que afirma no ha sido transparente con la sociedad dominicana que reclama saber cuál ha sido el costo total de la construcción de la termoeléctrica a carbón.
No obstante, citó una serie de datos financieros revelados por la Cámara de Cuentas sobre las auditorías realizadas desde el año 2013 al 31 de diciembre de 2017, fecha hasta la cual el Gobierno había pagado a la compañía brasileña Odebrecht la suma de 1,718 millones de dólares por la construcción del proyecto.
Recordó que el presidente Danilo Medina anunció que el costo sería de unos 1,945 millones de dólares y que posteriormente la comisión especial creada para determinar si hubo irregularidades en la licitación para adjudicar la obra, situó ese costo en unos 2,045 millones de dólares.
Dijo que hasta la citada fecha había que sumarle al proyecto otro un anticipo de pago a Odebrecht por un monto de 200 millones de dólares.
También agregó otros 21 mil millones de pesos que ha invertido el Estado en proyecto fuera del contrato firmado con la empresa Odebrecht.
Añadió, a modo de preocupación, que hasta el 31 de diciembre de 2017 el Gobierno había invertido 456 millones de pesos en publicidad, que llegaría a los 700 millones de pesos cuando se concluyan las auditorías de los años 2018 y 2019.
Lamentó que al consorcio Stanley Consulting el Estado le haya pagado cientos de millones de dólares para la supervisión de la construcción de las plantas de Punta Cana y que pese a esto, el proyecto tenga dos años y no se haya concluido ni entregado de parte de Odebrecht.
Cuestionó que pese a los retrasos, el Gobierno haya permanecido callado y no haya accionado contra la empresa brasileña.
Insistió en que para ls transparencia sobre el proyecto de Punta Catalina se haga una auditoría sobre la evaluación económica y la adjudicación del proyecto, basada en un licitador simulado, como admitió la comisión especial.
Foto y edición de audio: Yohan Castillo