Pese a dos años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias, centradas en procurar el fin de impunidad y corrupción -amén de importantes aportes de Marcha Verde en cuanto a la elevación de conciencia y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad- el sistema institucional, conformado como dictadura constitucional mafiosa, ha logrado bloquear esa meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan al pueblo y a la Nación.
En el tema corrupción, las presiones sobre Gobierno y Estado han sido respondidas con “mareos” y simulacros judiciales.
En cuanto a la economía, su crecimiento con desigualdades profundas y ascendentes, sobre- explotación del pueblo trabajador, corrupción e impunidad galopantes, se ha tornado cada vez más frágil y riesgoso para quienes detentan el poder (altísima deuda pública, externa e interna, déficit fiscal y deuda social).
Gobierno de turno, partidos tradicionales y facciones del gran empresariado prosiguen como protagonistas de un poder corrupto y como entidades subordinadas a los designios de EE.UU., tanto en política exterior como respecto a la voracidad que depreda el patrimonio natural de la isla.
Su coloniaje se extremó con el apoyo a la formula Trump-Guaidó: estímulo al golpe y la Invasión militar para anular la soberanía de Venezuela.
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La institucionalidad vigente y sus detentadores no tienen de otra que aferrarse a la reproducción que del pantano electoral fraudulento que le da continuidad o la recicla.
El intento de reelección de Danilo Medina vuelve y vuelve con toda su podredumbre.
La ley de partidos ha reforzado el oligopolio electoral; mientras la asignación ilegal de 1,5O0 millones de pesos para las primarias, pinta a pasto de corrupción para gerentes del sistema y a más penurias para el pueblo llano.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio o por el respeto mutuo de fronteras e identidades nacionales (dominicana y haitiana), está siendo empleado para derechizar esa espuria competencia electoral y tratar de crear una corriente política con impronta de tragedia.
Eso incluye el uso perverso de este tema para afectar e intentar dividir a Marcha Verde (misión difícil), que nada tiene que ver con políticas migratorias y menos con la conversión de las fronteras en espacio de negocios y delitos deleznables.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016, más bien peor.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio y fuerza atractiva y unificadora de Marcha Verde, y la emergencia de movimientos sociales en lucha con capacidad para protestar, paralizar amplias áreas del país e impulsar diversas modalidades de presión y desobediencia civil; siempre que logren ser protagonistas de un proceso destituyente-constituyente, transformador de la sociedad.
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