La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso junto al titular de Pepca, Wilson Camacho I Foto: MP
La directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reiteró que tienen la "pruebas en sus manos” de todas las declaraciones que dio el mayor del Ejército de República Dominicana, Raúl Girón, imputado en la operación Coral.
Detalló que en el transcurso de las horas han ido observando y analizando las evidencias, “y, quizás, o sin quizás: es uno de los casos que más pruebas contundentes tiene el Ministerio Público y hemos dicho que en su debido momento la iremos presentando”.
Con relación a preguntas de la prensa, sobre si hubo negociación con Girón Jiménez a propósito de sus declaraciones, la magistrada Reynoso explicó que el Ministerio Público en el transcurso de una investigación aplica las medidas procesales que el Código Procesal Penal les permite que sean aplicadas.
En torno a cuestionamientos de los imputados a las pruebas, dijo que “los imputados pueden decir lo que quieran, pero las pruebas están, las tenemos, los mensajes, todos los archivos, las fotografías; todo está en manos del Ministerio Público”.
En comunicado de prensa, declaró que la medida de prisión domiciliaria solicitada a Girón es la que se corresponde con la responsabilidad asumida por el imputado y con las garantías que se debe en el proceso.
En tanto, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien también respondió preguntas de periodistas que cubren el proceso, dijo que los documentos que la defensa aportó en esta medida de coerción no son más que un fraude procesal.
“Son documentos que el Ministerio Público ha determinado que muchos de ellos son documentos alterados, documentos sin firmas de notarios y de las partes; eso es lo que ha aportado la defensa para este caso y eso es un fraude procesal”, apuntó.
Sobre las declaraciones de Girón
Durante su intervención, Girón Jiménez explicó cómo desarrollaban sus actividades delictivas en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), principalmente con el abultamiento de la nómina, así como sobre las operaciones que llevaban a cabo para adquirir una gran cantidad de bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país.
De manera específica, se refirió al rol dentro de la red que ejercía el mayor general Cáceres Silvestre y La Pastora, con maniobras que desarrollaban, según dijo, a través del coronel policial Rafael Núñez de Aza.
También afirmó que un apartamento de lujo ubicado en Las Terrenas, Samaná, lo adquirió con fondos provenientes de actos de corrupción el general Juan Carlos Torres Robiou, quien hasta hace poco dirigió el Cestur.
