Néstor Saldívar
Por: Néstor J. Saldívar
Una nueva disposición contenida en el “One Big Beautiful Bill Act” (una ley grande y hermosa), convertido en ley el 4 de julio de 2025, traerá importantes implicaciones económicas para millones de solicitantes de visas no inmigrantes en todo el mundo. En su sección 100007, el texto legal establece el llamado Visa Integrity Fee (tarifa por la integridad de la visa): un cargo adicional obligatorio de 250 dólares estadounidenses que deberá pagarse al momento de la emisión de cualquier visa de no inmigrante hacia los Estados Unidos, exceptuando ciertos casos como los ciudadanos de Canadá, Bermuda, y categorías diplomáticas (A, G, C o NATO). El artículo 100007 fija el monto inicial del cargo y deja la puerta abierta a su ajuste anual y su posible reembolso bajo estrictas condiciones.
El monto inicial, como lo establece expresamente el texto legal, será de 250 dólares a partir del año fiscal 2025, o cualquier cantidad superior que, discrecionalmente, determine el secretario de Seguridad Nacional mediante reglamentación. Esta prerrogativa administrativa representa un poder amplio que podrá ejercer dicha dependencia del Poder Ejecutivo sin requerir nuevas leyes. El monto puede, por tanto, no solo incrementarse por inflación, sino por criterios políticos, presupuestarios o estratégicos de turno.
La intención estratégica de este nuevo cobro va en la dirección de desincentivar abusos al sistema migratorio, generar ingresos adicionales para el país y enviar un mensaje político sobre el compromiso de la administración Trump en reducir los beneficios gratuitos o subsidiados a los extranjeros que desean entrar, aunque sea temporalmente, a Estados Unidos. Se enmarca en una filosofía general de la ley firmada el 4 de julio enfocada en trasladar parte del costo del sistema migratorio a sus usuarios, reducir subsidios y fortalecer la “integridad del sistema”, tal como lo proclama su propio nombre. Es decir, aunque se trata de una medida económica, tiene un evidente trasfondo ideológico y migratorio.
- Lee también: Ley daría estatus a millones de migrantes en EE. UU.
Este cobro adicional podría generar un efecto disuasivo. Para muchas personas que solicitaban la visa de paseo o de negocios, como las B1/B2, el monto acumulado de tarifas empieza a convertirse en una barrera. Sumando los $185 del actual cargo consular estándar a los nuevos $250 de este nuevo importe, el costo total de una visa americana supera ya los $400.
A esto habría que sumar gastos indirectos como transporte, trámites de solicitud y hasta seguros. Es muy probable que en algunos países latinoamericanos y africanos, donde el salario promedio mensual apenas alcanza ese monto, se observe una reducción en el número de solicitudes debido al simple hecho de no poder pagar. También podrían aumentar las solicitudes rechazadas por personas que hacen el esfuerzo económico sin comprender cabalmente los criterios consulares.
En cuanto a la modalidad de cobro, el texto legal dispone que el pago se realice “al momento de la emisión” de la visa, lo que indica que el cargo se sumará al proceso justo antes de la estampilla del visado en el pasaporte. Es decir, no se paga con la solicitud inicial, sino solo en caso de ser aprobado. Esto tiene una lógica clara: si el solicitante es rechazado, no se le cobra. Pero si la visa es emitida, el cargo es obligatorio y no puede ser eximido ni reducido, incluso para menores, estudiantes o personas de bajos recursos. No hay excepciones expresas en la ley.
Ahora bien, este monto podrá cambiar cada año a partir del 2026. El propio texto legal señala que se aplicarán ajustes anuales por inflación, utilizando como parámetro el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) del mes de julio inmediatamente anterior. Esto significa que el nuevo monto no quedará congelado, sino que podría aumentar año tras año, aunque sea de forma mínima. El redondeo se hará al dólar inferior más cercano. Además, el secretario de Seguridad Nacional podría fijar un monto superior en cualquier momento mediante reglamentación administrativa, sin pasar por el Congreso.
Una de las disposiciones más singulares del artículo es que contempla la posibilidad de reembolso de los 250 dólares. Sin embargo, obtener ese reembolso está condicionado a que el titular de la visa haya cumplido fielmente con todas las condiciones de su estatus migratorio. Entre ellas, no haber trabajado sin autorización, no haberse quedado más allá del tiempo autorizado en el Formulario I-94 y haber salido del país dentro de los cinco días posteriores al vencimiento de la estadía o, alternativamente, haber ajustado o extendido su estatus legal antes de ese vencimiento.
El texto no especifica si el reembolso debe ser solicitado de manera activa por el beneficiario, pero sí aclara que será el Departamento de Seguridad Nacional quien tendrá la potestad de concederlo, lo cual anticipa que el procedimiento será burocrático, probablemente requiera documentación, y podría tomar tiempo. En mi opinión, lo más viable sería que se establezca una solicitud electrónica que permita, mediante verificación automática de salida y estatus, determinar si el solicitante califica para la devolución. Pero hasta tanto el reglamento ejecutivo no sea publicado, la forma práctica del reembolso queda en la nebulosa.
Finalmente, ¿a dónde van los fondos? De acuerdo con la ley, los fondos recaudados que no sean reembolsados se depositarán en el fondo general del Tesoro de los Estados Unidos. Es decir, estos ingresos no están destinados a un fondo migratorio específico, ni a servicios consulares, ni a seguridad fronteriza. Son ingresos no restringidos, con los que el gobierno puede financiar cualquier otro gasto federal. Esta decisión podría ser objeto de críticas, ya que contrasta con otros cargos migratorios que sí van destinados al mantenimiento de oficinas consulares o al USCIS. Aquí, la tarifa, lisa y llanamente, es un impuesto disfrazado.
Esta medida se inscribe dentro del paquete fiscal y migratorio más amplio contenido en esta nueva ley, promovido por la administración Trump como una herramienta para reestructurar profundamente cómo Estados Unidos maneja su economía interna y su sistema migratorio. En lugar de aumentar impuestos generales, esta estrategia busca cobrar directamente a quienes utilizan servicios públicos, incluyendo los no ciudadanos. El mensaje político detrás de esta ley es claro: si usted quiere venir a Estados Unidos, aunque sea por turismo, negocios o estudio, debe pagar no solo por su entrada, sino por la garantía de que respetará las condiciones de su estadía.
En resumen, esta nueva tarifa de $250 representa una declaración de principios, un filtro migratorio y una fuente de ingresos al mismo tiempo. Mientras no se establezcan mecanismos claros y accesibles de reembolso, será visto por muchos como un impuesto adicional difícil de recuperar. Y mientras los costos sigan aumentando cada año, más personas quedarán fuera de la posibilidad de viajar legalmente a Estados Unidos. La visa americana no solo será más cara, será más selectiva, más controlada y más limitada.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.
