Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, felicitó la decisión del presidente Abinader de emitir este decreto que anula los permisos otorgados y pone fin a un proyecto que «carecía de fundamentos legales y de viabilidad».

“La emisión de este decreto es un paso importante hacia la consolidación de un sistema legal más robusto y la protección de los intereses nacionales. La justicia ha prevalecido, y saludamos que el presidente Luis Abinader haya tomado esta medida para rectificar una autorización irregular en aras de proteger el interés general de la República Dominicana”, expresó.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica para evitar situaciones similares en el futuro. “Con esta acción, el presidente Abinader da una importante muestra de respeto a la separación de poderes”, indicó.

Precisó que previo a este nuevo decreto que deroga el anterior, la justicia dominicana ya había puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro mediante la evacuación de ocho sentencias en su contra, ya que el mismo “es un proyecto sin sentido e innecesario”.

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Diversos sectores sociales se opusieron

Se recuerda que la Unión de Profesionales de Controladores Aéreos Dominicanos (UPCAD) advirtió que la operatividad del aeropuerto internacional que se había autorizado construir en Bávaro podría representar conflictos de tránsito aéreo y un peligro de operaciones en el país.

Denunciaron que el proyecto fue evaluado para su aprobación tomando en consideración simplemente informes presentados por los interesados, sin que se realizara un estudio técnico detallado como lo exigen los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la reglamentación nacional.

Un aspecto técnico a considerar fuer el gran riesgo de seguridad que representaría la puesta en operación ese aeropuerto, ya que estaría ubicado a tan sólo 2 minutos de vuelo de otro aeropuerto, y podría costar miles de vidas inocentes si sucediera una catástrofe.

De igual manera, el sector ambiental advirtió que el AIB haría desaparecer el agua potable de Higüey. La Asamblea Nacional Ambiental (ANA), declaró que la construcción de ese aeropuerto produciría una debacle hidrográfica en la provincia La Altagracia debido a que sus aguas subterráneas quedarán afectadas y contaminadas, provocando que se quede completamente sin agua dulce, principalmente el municipio Higüey.

En tanto, economistas revelaron que el Ministerio de Hacienda realizó un informe a finales del pasado gobierno en el cual advertía que el AIB no sería rentable y que los incentivos fiscales que les serían otorgados por 15 años representarían un enorme “sacrificio del Estado” de casi RD$4,500 millones, los cuales ahora obligan a que los mismos sean ofrecidos en iguales condiciones y por el mismo tiempo a todos los aeropuertos privados del país.

Ese informe indicaba que los beneficios indirectos de esa obra a la sociedad solo cubrirían el 5.0% de los privilegios que le fueron otorgaron por 15 años.

En ese sentido, dirigentes comunitarios de la provincia La Altagracia calificaron como una burla y una falta de respeto que el pasado gobierno haya aprobado una exoneración del pago de impuestos al Aeropuerto Internacional de Bávaro por 15 años, ya que sus residentes atraviesan múltiples precariedades que se podrían resolver con ese dinero.

Otro sector que se opuso al mismo fue el de las centrales sindicales de trabajadores del país, las cuales alertaron que el Aeropuerto Internacional de Bávaro no generaría nuevos empleos, sino que traería una situación de crisis y dividiría los puestos de trabajo ya existentes, porque la cantidad de vuelos que recibe actualmente el Aeropuerto de Punta Cana sería repartida entre las dos terminales, lo que no significa nuevos empleos, sino una redistribución de los que ya existen.