El Código de Trabajo dominicano establece que los salarios mínimos de los trabajadores del sector privado debe ser revisado a más tardar cada dos años. En situaciones especiales es posible hacer esa revisión antes de los dos años.
Las discusiones para revisar los salarios mínimos (en plural, porque en el país existen distintos niveles sueldos mínimos de acuerdo con el tamaño de las empresas y con los sectores o áreas a que se dediquen) se realizan en el Comité Nacional de Salarios (CNS) un órgano tripartito integrado por representantes de los trabajadores (sindicatos), de los empleadores y del Gobierno. Cada sector tiene un voto en esa mesa y con dos de tres se toman decisiones.
A mediados de este año toca reunir al CNS para la revisión bianual de los salarios mínimos del sector privado, pero en esta ocasión han una situación especial, debido a que el 2020 la economía fue paralizada casi en su totalidad como medida cuarentenal para controlar el covid-19.
Esa situación provocó el cierre de miles de empresas, un aumento del desempleo y la reducción de los niveles productivos y actividades de servicios de otras micro, pequeñas y medianas organizaciones (mipyme), por lo que les sería muy difícil hacer ajustes salariales bajo sus condiciones de precariedad.
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Resulta paradójico el hecho de que así como es comprensible que las empresas afectadas por la pandemia no puedan hacer ajustes salariales, también es más que entendible la necesidad de los trabajadores de que les aumenten sus ingresos, tras ver afectados sus bolsillos por las mismas razones.
Los sindicalistas agrupados en el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS) están conscientes de la situación que vive el sector empresarial y por eso han accedido a reuniones previas que viene convocando el Ministerio de Trabajo por separado, tanto con ellos como con los representantes del sector empleador, a los fines de ver cuál es el ánimo de cada lado antes de sentarse en la mesa del CNS.
Rafael -Pepe- Abreu, presidente del CNUS, ha confirmado que en esta ocasión el sector sindical no irá cerrado a banda con una exigencia porcentual mínima de aumento como en ocasiones anteriores, en el entendido de que no todos los sectores empresariales están en las mismas condiciones.
Sin embargo, asegura que las sesiones en el CNS se van a realizar y de ahí habrá de salir una decisión favorable para los trabajadores.
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Lo más probable es que los sindicalistas propongan ajustar los salarios mínimos de los sectores que no resultaron tan afectados (como las zonas francas e industrias nacionales, especialmente productoras de alimentos y medicaciones) y de aquellos que, en lugar de perjudicarse, se beneficiaron (farmacias, supermercados, servicios financieros y de telecomunicaciones).
En tanto que otros sectores altamente perjudicados como el de hoteles, bares y restaurantes, así como de negocios diversos, especialmente entre las Mipyme, seguro no podrán hacer ajustes salariales en esta ocasión.
Otra propuesta válida pudiera ser que en lugar de revisar los salarios este año, como cada dos años, se posponga para el 2022 cuando se asuma que las empresas están recuperadas y que se revisen los sueldos de todos los sectores y no de algunos en particular. Sin embargo, esa opción parece estar descartada.
Por el lado empresarial puede surgir la propuesta de que se cumpla con la Ley de Reclasificación de Empresas antes de iniciar las discusiones de ajuste salarial. De hacerse esa reclasificación, es posible que muchas empresas que hoy figuran como medianas, caigan en la categoría de pequeñas y otras que están como grandes pasen a ser medianas, no porque las pongan más pequeñas, sino por el valor mínimo de recursos que mueven en sus operaciones como medida para establecer su tamaño.
La parte de la reclasificación es importante para las empresas porque en el país existen tres niveles de salarios mínimos (el de las empresas pequeñas, el de las empresas medianas y el de las empresas grandes). En todo caso, habrá que esperar a que se inicien las discusiones en el CNS para ver qué tanto han madurado nuestros sectores empresarial y sindical para manejar la coyuntura especial que presenta este año de revisión salarial.