El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura de juicio contra los acusados de integrar una red criminal que, a cambio de sobornos, borraba y alteraba antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República.
Los imputados Domingo Julio Santana Sánchez, Mártires Rosario Reyes, Alfredo Mirambeaux Villalona, Luis Alfredo Astacio Polanco y Rubén Darío Morbán Santana continúan bajo las mismas medidas de coerción ratificadas en su contra en el proceso judicial.
El caso también incluye a Pilar Irene Medina Trinidad y Vicente Ferrer Monegro, quienes cumplen arresto domiciliario y tienen prohibida la salida del país.
Por su parte, Laudelina Esther Reyes, Yokaira Elizabeth Carmona, Ashley Darleni Morbán Reyes, Dilcia Argentina Núñez Santos y Alexander Romanqui Dotel, que han cooperado con la investigación del Ministerio Público, enfrentan diversas medidas de coerción, como impedimento de salida del país, garantía económica y presentación periódica.
Según la acusación, en el borrado de antecedentes penales, ejecutado por la supuesta red criminal, han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género y por adulteración de alcohol, así como por secuestro, "llegando esta estructura al extremo" de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta de 30 años de prisión figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.