Alexis Medina Sánchez | Captura de pantalla del Poder Judicial RD
Juan Alexis Medina Sánchez y otros cinco vinculados al entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Antipulpo permanecerán en prisión, según dispuso la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La decisión del tribunal responde a la solicitud realizada por el Ministerio Público y en rechazo de los recursos de apelación interpuestos por los procesados en una sesión que concluyó a las 2.00 de la madrugada del jueves, y que había sido aplazada el 13 de enero pasado.
El tribunal ratificó así la decisión del juez de la instrucción al considerar justificada la prisión preventiva en el proceso por mantenerse las circunstancias que dieron lugar a su imposición, informó este jueves la Procuraduría General de la República en un comunicado.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y la directora general de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, manifestaron en todo momento su desacuerdo con la libertad pura y simple o la variación de la prisión preventiva.
Al responder preguntas de los periodistas a la salida del tribunal, la magistrada Reynoso calificó la decisión de "excelente" y resaltó que los abogados de la defensa y sus representados, "no han podido con la contundencia de las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público".
En tanto, Camacho manifestó que, si las decisiones que tome la defensa en lo sucesivo se corresponden con la misma estrategia que acudieron a la apelación, "definitivamente, los resultados van a ser los mismos".
"Nosotros hemos construido un proceso para que resista los embates de la defensa y la decisión que ha dado la corte en el día de hoy (jueves) es una muestra de la forma en cómo el Ministerio Público ha estado realizando el trabajo en este caso", resaltó Camacho.
El expediente del Caso Pulpo se sustenta en un arduo trabajo de investigación desarrollado por el Ministerio Público de un amplio equipo de fiscales liderados por la Pepca y la Dirección General de Persecución.
La audiencia de apelación comenzó en la mañana del miércoles con la exposición de la defensa técnica de los imputados Juan Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Media.
También del exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Aquiles Alejandro Cristopher; del exdirector de la Oisoe, Francisco Pagán Rodríguez; del expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Manuel Aquilino Rosa, así como de Julián Esteban Suriel y José Dolores Santana.
A Medina se le acusa de ser el principal dirigente del entramado de corrupción, que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes.
Junto a los demás imputados cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó los seis recursos de apelación interpuestos por los abogados de los imputados contra la decisión del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, quien envió el grupo a prisión el 8 de diciembre pasado y declaró el proceso de tramitación compleja.
Por el caso guarda prisión preventiva el imputado Wacal Vernavel Méndez, mientras que a Magalys Medina, hermana del expresidente, se le impusieron tres meses de arresto domiciliario, la misma medida que cumple Freddy Hidalgo Núñez, exministro de Salud.
Estos dos últimos imputados tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.
Mientras, encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.
Según el Ministerio Público, los once imputados incurrieron en graves hechos de corrupción, que llevaron a la fiscalía a poner en marcha la Operación Antipulpo el 29 de noviembre de 2020.
