Muchos funcionarios públicos en países con altos niveles de corrupción, aprovechan las ventajas que les otorgan la falta de aplicación de las leyes de transparencia y la debilidad institucional, para cometer actos ilícitos al tener la certeza de que no serán responsabilizados por los mismos.

En un artículo anterior mencionamos como Max Weber proponía, en su modelo de burocracia, los altos salarios como método disuasorio de actos de corrupción, bajo el pretexto de que si un funcionario público gana una cantidad suficiente de dinero, no se sentirá tentado a participar en actos de corrupción para obtener una ganancia pecuniaria. Un gran problema de esta idea es que no toma en cuenta la codicia y la avaricia que muchos de estos funcionarios pueden llegar a poseer, sobre todo cuando no se encuentran en sus posiciones por una motivación innata al servicio público, sino más bien por una al servicio propio.

Es de ingenuos creer que las personas no caerán en la tentación de incrementar sus finanzas, especialmente si el riesgo de sufrir consecuencias negativas es casi nulo. Sin embargo el principal problema con esta estrategia es que no toma en cuenta el hecho de que muchos funcionarios públicos cometen actos de corrupción por razones distintas a la ganancia monetaria, pues pueden ver su recompensa materializarse en un favor político, contribuciones de campaña, acuerdos electores, incluso una persona podría actuar para evitar ciertas consecuencias en vez de obtener ciertos beneficios.

Es posible reducir los actos de corrupción en las organizaciones y oficinas públicas mediante la creación de organismos anticorrupción, oficinas de ética y códigos de conducta. Sin embargo, en los países altamente corruptos se observa una simulación de lucha contra la corrupción por parte de los líderes que usan sus posiciones para sacar ventajas, para empaparse de actos corruptos y hacer entender que salieron “secos” y limpios del asunto. En muchos países de América Latina se crean organismos y comisiones para pretender una lucha contra la corrupción, cuando en realidad estos organismos se corrompen a sí mismos al ser manejados por las mismas personas que deberían estar investigando, creando una red de protección que a veces parece impenetrable.

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La rendición de cuentas es un problema importante en los países altamente corruptos, ya que prácticamente no hay manera de responsabilizar a los funcionarios por sus actos ilícitos. Nuestros gobernantes deben entender que para el pueblo creerles su llamada lucha contra la corrupción, primero debe existir transparencia. Cuando los funcionaros de un país se rehúsan a ser claros en cuanto a un aumento exorbitante de sus finanzas, o a la obtención de propiedades o inmobiliarios, y no existe un organismo dispuesto a responsabilizar a estas personas, la lucha anticorrupción se revela como ficticia.

Para que la transparencia funcione, debe ser real y no un teatro, la administración, ya sean los líderes, ministros o gerentes, deben imponer un sistema de responsabilidad adjudicada a cada servidor público, se trate de de quien se trate, ya que, los líderes éticos que responsabilizan a su gente, envían un mensaje de que el comportamiento corrupto no será recompensado con impunidad, lo que aumenta los riesgos y disminuye la ganancia.

Para que la transparencia trabaje de manera eficiente, necesita la ayuda de una simplicidad administrativa, altos estándares de auditoría y contabilidad,  la presencia de una sociedad civil autónoma no influenciada por los altos mandos de poder y un medio de trabajo de investigación.

Debemos abogar también por un tipo de transparencia que provenga de las propias personas que usan las herramientas que el sistema ha proporcionado. Es deber de los ciudadanos empoderarse y exigir de sus representantes la seriedad y honestidad que sus puestos demandan.  

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