Julio Santana | Foto: Julio Santana
Las recientemente concluidas elecciones presidenciales y congresuales reafirman el complejo compromiso del presidente Abinader y de los nuevos miembros de su gabinete. En adición, este proceso electoral deja claras y duras lecciones para dos viejos partidos, el PRD y el Partido Reformista, así como para la organización de reciente formación, la Fuerza del Pueblo.
El presidente Abinader se enfrenta a una segunda prueba, ya no como debutante. Este cuatrienio será crucial para determinar su lugar en la historia reciente de la nación. El pueblo dominicano juzgará al final la eficiencia, certeza, transparencia, compromiso y pulcritud con los que aborde los desafíos de la sociedad actual.
Abinader cuenta con la mayoría en todas las instancias de libre elección de sus responsables, lo que le brinda la oportunidad de demostrar su liderazgo e impulsar cambios estructurales que mejoren el bienestar de una sociedad en esencia caótica. Es esencial hacer valer la autoridad y normas críticas que en la actualidad prácticamente se ignoran por quienes deben cumplirlas.
Los ministerios y organismos descentralizados clave deben alinearse con las reformas que anuncie el ejecutivo, partiendo de las tareas pendientes consignadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que resume nuestra Visión País. Estas instituciones deben salir de su proverbial rutina burocrática y destacar por sus resultados tanto en relación con sus atribuciones de ley como por sus contribuciones a los esfuerzos de cambios estructurales que esperamos sean promovidos desde el Poder Ejecutivo.
En este sentido, el presidente debe asegurar que sus funcionarios estén en sintonía con un plan cuatrienal realista que aborde las necesidades socioeconómicas e institucionales más urgentes del momento histórico. Aunque las concertaciones interpartidistas han mostrado pobres resultados en los últimos treinta años, es esencial lograr consensos reales basados en la urgencia de las reformas necesarias que demanda la realidad nacional. Sin duda, la participación de la ciudadanía en el proceso de reformas puede fortalecer el llamado a la acción y la urgencia de los cambios propuestos.
Este esfuerzo debe centrarse en mejorar la eficiencia y eficacia de la política social, reduciendo las desigualdades y la pobreza. Es crucial adoptar medidas realistas para superar un sistema de salud insuficiente y, en muchos casos, cargado de precariedades, y configurar un nuevo contrato social que reduzca la desconfianza en la representatividad política, particularmente mediante conductas morales ejemplares, fortaleciendo en toda su amplitud las decisiones informadas de los ciudadanos.
Debemos avanzar fórmulas realistas y posibles para reducir el desempleo y la informalidad que afectan a muchas familias y atraen a inmigrantes no calificados. En relación con ello, parece urgente, dados los acontecimientos de los dos últimos años en el vecino Haití, contar con una agenda que aborde responsablemente, priorizando la realidad y los intereses nacionales, las nefastas y visibles derivaciones de esa vecindad impuesta en su tiempo por las pugnas y ambiciones de las potencias coloniales. No exageramos si afirmamos que el problema haitiano es de vida o muerte para la nación dominicana, fraguada por los esfuerzos responsables, desinteresados y heroicos de generaciones de auténticos dominicanos.
Es fundamental implementar medidas para reducir la inseguridad ciudadana, el tráfico y consumo de drogas, y establecer un régimen de consecuencias para las autoridades que resulten confabuladas con el crimen organizado. Asegurar la independencia del poder judicial es vital para seguir combatiendo con mayor eficiencia la corrupción administrativa. También se deben tomar medidas eficaces para erradicar la cultura clientelar que favorece el individualismo y proyecta al Estado como el mercado más apetecible de las mercaderías políticas. Por otro lado, la impunidad es el premio a la ilicitud y la salvaguarda de principados políticos desnacionalizados.
Es necesario elaborar e implementar una reforma fiscal equitativa y eficiente que contribuya al bienestar económico y social de la nación. Seguimos teniendo una presión fiscal relativamente baja y un presupuesto cuyo único margen de maniobra es el endeudamiento interno y externo con las consabidas sobrecargas sociales que tal hecho supone. La evasión masiva es evidente y la deficiencia en los mecanismos del sistema recaudatorio ameritan una revisión a gran escala, imparcial, pero participativa.
Aunque algunos discursos pretenden demostrar lo contrario, estamos ante el curioso fenómeno de una economía que crece con un sector productivo frágil, aun estando la economía indudablemente más diversificada. No solo se trata de que el turismo, las telecomunicaciones y las finanzas siguen reafirmando la preeminencia de un sector terciario, como en muchas economías en transición, sino que el llamado sector productivo tradicional, que produce bienes fundamentales y al que está atada la seguridad alimentaria nacional, contribuye con menos de un 10% del valor agregado nacional.
El presidente y su equipo deben lograr por fin la llegada a nuestro sector productivo del cambio tecnológico, organizar la infraestructura de innovación y avanzar hacia una economía del conocimiento reformando sustancialmente el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico que ya cumple 17 años. Obviamente, es urgente la consolidación de un sistema educativo dinámico, sustantivos cambios curriculares, maestros formados y actualizados, la garantía de estudiantes nutridos y motivados, el destierro de la política y de los intereses gremiales de las instituciones educativas, además de impulsar una descentralización que se traduzca en reales autonomías, iniciativas y reformas creativas.
En conclusión, este periodo de gobierno es una oportunidad única para transformar profundamente la República Dominicana, tomando en cuenta las complejidades del entorno externo y la realidad de consolidación de un orden bipolar que generará peligrosas resistencias y conflictos de repercusiones mundiales.
