Pleno del Tribunal Constitucional I Foto: TC
El Tribunal Constitucional (TC) conoció y decidió treinta y ocho expedientes sobre diferentes procesos constitucionales durante las sesiones virtuales celebradas durante esta semana, incluidos dos sometidos por un grupo de personalidades contra una emisión de bonos por 246.3 mil millones de pesos por el Gobierno aprobado por el Senado de la República para el pago de la deuda pública y otro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
La instancia de inconstitucionalidad contra la referida emisión fue interpuesta mediante el expediente TC-01-2020-0003, interpuesto por Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero.
Los intelectuales y dirigentes políticos buscaban con su acción que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional la Ley 512-19, que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda a realizar la emisión y colocación de Valores de Deuda Pública hasta por un monto de RD$ 246,295,821,767.00 o su equivalente en moneda extranjera, el tribunal decidió rechazar el fondo y declarar conforme con la Constitución la Ley 512-19.
Sin embargo, el Tribunal decidió rechazar el fondo y declarar conforme con la Constitución la referida Ley 512-19.
El Tribunal Constitucional también rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y compartes contra los artículos 28, 29 -con sus párrafos I, II, III y IV-, 66 -con sus párrafos I y II-; 67 -con sus párrafos I y II-, y 69 -con sus párrafos I y II- de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Respecto a este expediente, el TC-01-2019-0035, el pleno del TC declaró conforme con la Constitución las normas atacadas por los empresarios contra el Colegio Dominicanos de Abogados.
El TC también rechazó acciones de inconstitucionalidad del Banco Peravia de Ahorro y Crédito, S.A., del abogado Ángel Lockward, de Peravia Group LLC, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, contra los artículos 7 y 63 de la Ley Monetaria y Financiera 183-02 del 21 de noviembre de 2002 y la Primera Resolución emitida por la Junta Monetaria de la República Dominicana, el 19 de noviembre de 2014.
Según una nota informativa del Tribunal respecto a estos expedientes, la decisión de los jueces fue rechazar la acción y, por tanto, declarar conformes con la Constitución las normas y el acto correspondientes.
Los jueces de la alta corte también afectó con decisiones en contra al actual presidente del Colegio Dominicano de Abogados de República Dominicana (CDA) y presidente de la Fundación Primero Justicia, Inc., Miguel A. Surun Hernández, quien sometió una instancia de inconstitucionalidad contra los artículos del segundo al décimo del Recuerdo Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros, de fecha 10 de junio de 2009.
Surun Hernández también reclamaba la declaratoria de violación constitucional a las resoluciones aprobatorias de fechas 15 de septiembre y 2 de noviembre del 2009, emitidas por el Senado de la República y la Cámara de Diputados.
Pero el el alto Tribunal tomó la decisión de rechazar la acción directa de inconstitucionalidad del jurista Surun Hernández.
En las sesiones de trabajo, encabezadas por el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, se decidieron otras cinco acciones directas de inconstitucionalidad, un recurso de casación declinado por la Suprema Corte de Justicia, quince recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, diez recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo y una solicitud de suspensión de ejecución de sentencia.
