Miguel Surun Hernández, presidente de CARD | Foto: Kelvin de la Cruz
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, consideró este martes que es muy corta la condena de 30 años ratificada ayer por la Suprema Corte de Justicia contra del empresario Blas Peralta por el asesinado de Mateo Aquino Febrillet.
Las declaraciones del líder del gremio de profesionales del derecho se produjeron a raíz del debate en torno a la ratificación de la condena, en medio de opiniones divididas sobre si se trató de un homicidio o de un asesinato.
A su juicio, el hecho en el que perdió la vida Mateo Aquino Febrillet, exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, encaja perfectamente en el de asesinato, porque hubo planificación, preparación y persecución.
“Hay que recordar que el señor Blas Peralta no solamente asesinó a Febrillet, sino que hirió a dos personas más, o sea, hay una pluralidad de infracciones graves”, sostuvo en El Gobierno de la Mañana.
“Esa sentencia se quedó corta”.
Lamentó que en las leyes penales dominicanas no existan castigos suficientes para resarcir el daño social que personas como Peralta le han causado a la sociedad.
“De manera definitiva apoyamos que ya haya una sentencia firme en contra del señor Blas Peralta. Lamentamos que no haya sido posible castigarlo con penas más severas”, expresó.
Surun Hernández opinó que este caso debería motivar al Congreso Nacional para aprobar el Código Penal para que “psicópatas” como el condenado puedan ser sancionados con penas acordes al daño del crimen.
“Los crímenes que se le imputaron a ese señor, por lo cual fue juzgado, debieron haber recibido una pena mucho mayor”
Sostuvo que la revisión constitucional es simple y llanamente una solicitud que se le hace a esa alta corte, la cual está establecida en la Carta Magna, por lo cual no se le puede coartar a ningún imputado.
“Reiteramos, es difícil encontrar un proceso donde se respetaron más las garantías procesales que en el caso de este señor”, puntualizó Surun, al momento de criticar que en procesos en los que hay envuelta gente con mucho dinero se respete el proceso, mientras que en casos de raterismo simple se violen los derechos.
