Foto: Amaury Pineda
Decir que los arrestos efectuados la madrugada del pasado domingo son un importante paso en la lucha contra la corrupción es atenuar la magnitud del suceso. Apresar exfuncionarios públicos es una cosa, pero que en el grupo se encuentren dos hermanos de quien hace menos de 4 meses era el presidente de la República es un hecho sin precedentes. A pesar de que el impacto de este sismo aún esta por conocerse, creo que hay datos suficientes para determinar si esto es justicia o circo.
Dos evidencias que demuestran la seriedad de estas actuaciones son la reputación de su autora y la lista de los apresados. En primer lugar, aunque el magistrado Wilson Camacho es el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, no cabe duda de que la Procuradora General de la República, Miriam German Brito, tiene que haber dado su visto bueno sobre este asunto. No solo la magistrada German Brito ha cultivado una reputación indeleble, sino que tiene fama de ser una experta en materia penal y esto es sumamente importante.
Si bien muchos atribuyen la innumerable cantidad de errores técnicos cometidos por Jean Alain Rodríguez Sánchez al frente de la procuraduría a su vínculo con la corrupción, yo pienso que sus faltas también eran producto de su ineptitud como abogado penalista. Desde rendir informes contradictorios sobre el caso David Ortiz, hasta acusar sin pruebas y equivocarse en las cifras de los supuestos sobornos en el caso Odebrecht, Rodríguez lo hizo todo.
Además, hay que resaltar que fue la misma magistrada German Brito, otrora jueza, quien advirtió a la procuraduría sobre las falencias del expediente Odebrecht. Así, sería impropio que una magistrada experta en materia penal y con muchos años de experiencia como jueza preparara un expediente infundado y carente de base legal. Por tanto, no es descabellado asumir que las acusaciones contra estos exfuncionarios públicos deben desembocar en sentencias condenatorias.
Reitero, mientras que los fracasos y tropiezos de Rodríguez pueden atribuirse a su incapacidad como abogado en lo penal, la magistrada German Brito no tiene excusa alguna para naufragar en estas aguas.
En segundo lugar, otra evidencia que demuestra la solidez de estos arrestos es la lista de los detenidos. El nombre de Alexis Medina no es nuevo en la palestra pública. Hace unos meses, la periodista Nuria Piera presentó un trabajo de investigación donde reveló la “buena dicha” que tenía este funcionario para obtener adjudicaciones millonarias con el estado. Asimismo, la periodista también ha presentado varios trabajos sobre el manejo inescrupuloso de los recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas bajo la dirigencia de Fernando Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez.
Cabe resaltar que la respuesta del Partido de la Liberación Dominicana y, en especial, el discurso del exmandatario Danilo Medina Sánchez no están a la altura de los recientes acontecimientos. Es menester recordar que como candidato a la Presidencia, Medina prometió que por el rumor público destituiría funcionarios y los pondría a manos de la justicia. Por consiguiente, es inaceptable que en esta ocasión solo se limite a resaltar los logros de su administración. Obviamente, poco tiene este partido que presentar en materia de corrupción.
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Lo ideal hubiese sido poder mencionar que después de destituir a José Joaquín Domínguez Peña como director del Consejo Estatal del Azúcar, se abrió una investigación sobre todas las ventas irregulares de terrenos del estado que puso fin a este esquema de corrupción. También, que después de demostrado que el contrato de venta de los terrenos donde esta ubicado el vertedero de Duquesa es falso, Lajún Corporation fue demandada en daños y perjuicios contra el estado dominicano y los terrenos devueltos al ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
Por otra parte, debemos tomar estos acontecimientos con una dosis de escepticismo. Este pueblo ha sido testigo de ver expedientes “contundentes” convertirse en humo bajo sentencias de impunidad o engavetando archivos. Más importante aún, aunque bien encabezada, esta lista se queda corta frente a la cantidad de funcionarios que deben responder ante la justicia como Pimentel Kareh (OISOE), Leoncio Almánzar (CORDE) y Rubén Jiménez Bichara (CDEE), por solo mencionar algunos.
En fin, la reputación de la procuradora German Brito me llena de optimismo. No creo que la magistrada venda su legado para prestarse al juego político partidario. No hay excusas para que estos arrestos se queden en aparataje mediático. Sin embargo, el largo historial de impunidad que impera en la República Dominicana es desalentador. Basado en nuestro precedente, no debería sorprendernos ver que estos casos sean desestimados por algún juez, negociados desde la procuraduría o extendidos en el tiempo hasta las próximas elecciones.
