El presidente boliviano, Evo Morales I Foto: EFE/Martin Alipaz
Por: Gina Baldivieso
Evo Morales insiste en que sigue siendo presidente de Bolivia, porque el Parlamento de su país no ha tratado su carta de renuncia, aunque la Constitución que él mismo promulgó en 2009 establece la cesación de mandato por ausencia.
LOS ANTECEDENTES
El pasado 10 de noviembre Morales anunció su renuncia al poder, denunciando un golpe de Estado para derrocarlo, entre sospechas de fraude en las elecciones del 20 de octubre que le dieron ganador.
Su carta de renuncia fue recibida el 11 de noviembre por la Asamblea Legislativa o Parlamento boliviano y ese mismo día partió en avión rumbo a México, que le acogió como asilado.
Bolivia estuvo sumida en un vacío de poder hasta que Jeanine Áñez asumió el martes 12 de noviembre la Presidencia interina de Bolivia.
Como segunda vicepresidenta del Senado, Áñez activó el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo, puesto que con Morales renunciaron todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo.
El Tribunal Constitucional explicó que aunque Áñez no tuviera el quórum necesario en el Parlamento, controlado por el partido de Morales, estaba respaldada por una interpretación del texto constitucional para casos de vacío de poder.
LA POSTURA DE MORALES
Morales afirmó este jueves desde Argentina en una rueda de prensa que sigue "siendo presidente" del país hasta el próximo 22 de enero, hasta cuando tenía mandato en curso, ya que la Asamblea Legislativa "no aceptó ni rechazó" su renuncia.
"De haber sido aceptada" su renuncia, "tampoco se cumplieron los procedimientos para una sucesión constitucional", sostuvo luego en Twitter, por lo que a su juicio Áñez "se autoproclamó ilegalmente".
La orden de aprehensión que emitió este pasado miércoles la Fiscalía boliviana en su contra es "injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente", al considerar que sigue siendo presidente, argumentó.
¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?
El artículo 170 de la Constitución boliviana señala que "la presidenta o el presidente del Estado cesará en su mandato por muerte; por renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional; por ausencia o impedimento definitivo; por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; y por revocatoria del mandato".
El 173 indica que el mandatario "podrá ausentarse del territorio boliviano por misión oficial, sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, hasta un máximo de diez días".
El 161 establece entre las funciones de la Asamblea Legislativa el "admitir o negar la renuncia de la presidenta o del presidente del Estado".
EXPLICACIÓN CONSTITUCIONALISTA
El abogado constitucionalista Gonzalo Hidalgo explicó a Efe que Morales hizo una renuncia "explícita y tácita el 10 de noviembre, en el sentido de que al haber pedido un asilo político en México y al haber abandonado las funciones, él hizo una dejación del cargo".
Hidalgo indicó que el reconocimiento del Constitucional a la sucesión activada por Áñez ante el vacío de poder le dio legalidad "y ha consolidado la renuncia tácita y explícita" de Morales.
"Por lo tanto, no hay un elemento jurídico constitucional que pueda considerar que él sigue ejerciendo funciones de presidente", subrayó el jurista.
TERCER PERIODO CUESTIONADO
En un mensaje en Twitter, el expresidente boliviano Jorge Quiroga mencionó que la Constitución del país establece la sucesión "ante ausencia".
"Tú te asilaste y fugaste el 11-Nov", escribió dirigiéndose a Morales.
Quiroga, que es delegado del Gobierno transitorio ante la comunidad internacional, también recordó que la Constitución boliviana limita a dos los mandatos consecutivos, pero Morales iba por el tercero y buscaba un cuarto "violando" los resultados de un referendo que en 2016 le negó la reelección.
Morales pudo presentarse a las elecciones en 2014 para un tercer periodo hasta 2020 mediante un fallo del Tribunal Constitucional que alegó que los mandatos previos a 2009 no cuentan, al haberse "refundado" Bolivia ese año con la nueva Carta Magna.
Su nueva candidatura en los cuestionados comicios del 20 de octubre fue posible mediante otro fallo del Constitucional, que en 2017 avaló el derecho a la reelección indefinida.
