Julio Santana | Foto: Julio Santana
En la entrega anterior, se destacó que Pro Consumidor, además de abordar las denuncias y reclamaciones de consumidores y usuarios, gestionar el registro de proveedores y realizar sondeos de precios, asume una responsabilidad de gran trascendencia debido a sus implicaciones en la salud, el medio ambiente y la prevención y sanción de prácticas engañosas.
De acuerdo con la Ley núm. 166-12, Pro Consumidor es la autoridad nacional reguladora e inspectora. En virtud de esta designación, la entidad tiene la facultad de llevar a cabo todas las actividades necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones obligatorias para productos, procesos y sistemas. Estas especificaciones se encuentran mayormente establecidas en los reglamentos técnicos (RT) o normas consideradas esenciales para la protección de los objetivos legítimos del Estado.
Asimismo, es imperativo que la entidad documente las disposiciones de control post-mercado, las cuales pueden requerir evaluaciones repetidas de la conformidad o diferentes modalidades de evaluación con fines de aprobación final. Es crucial aplicar sanciones sin contemplaciones ante la identificación y documentación de fallas en el cumplimiento de los requisitos reglamentarios, sin importar el tamaño o la importancia relativa del establecimiento sujeto a inspección.
La evaluación de la conformidad, llevada a cabo por Pro Consumidor, otros organismos de inspección acreditados y los laboratorios operativos dentro del Sistema Dominicano para la Calidad, representa una actividad fundamental en la administración de numerosos reglamentos técnicos en cualquier país. Sin embargo, es esencial evitar la sobrecarga de requisitos técnicos o procedimientos de evaluación de la conformidad que no consideren los vigentes en los territorios de los principales socios comerciales del país, ya que esto podría generar obstáculos técnicos innecesarios y costosos. En este contexto, la homologación o equivalencia debería desempeñar un papel central, y las autoridades deben estar plenamente conscientes de ello.
En materia de reglamentación técnica el país enfrenta las siguientes situaciones:
Primero, la falta de plena conciencia de su importancia hasta que las violaciones, especialmente en materia de seguridad, resultan en accidentes fatales de gran magnitud. La mencionada Ley núm. 166-12 enumera claramente, en sentido estricto, los elementos que conforman las actividades de inspección o vigilancia y creemos que es muy poco lo que podemos agregar al respecto.
Segundo, a pesar del existente Sistema de Reglamentación Técnica de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines del MOPC, cuya Dirección General de Reglamentos y Sistemas realiza un trabajo encomiable, el país carece de un catálogo general de reglamentos técnicos. Este catálogo podría incluir también normas técnicas esenciales, consideradas de cumplimiento obligatorio. Es importante recordar que está en vigencia el Manual de Buenas Prácticas para la Elaboración de Reglamentos Técnicos, posiblemente emitido por el Indocal, que podría servir como un referente valioso para los ministerios dominicanos, junto con otros documentos vigentes en la región.
Por último, en el mismo nivel de importancia se sitúa la supervisión o inspección del mercado en lo que respecta a la metrología legal. Resulta imperativo que Pro Consumidor refuerce sus capacidades para verificar el correcto uso de los instrumentos de medición, asegurando que cuenten con un sello, marca de conformidad, certificación o aprobación del Indocal, así como de cualquier otro documento que avale el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas metrológicas. En este contexto, es fundamental tener en cuenta que, según la ley, corresponde a este instituto llevar a cabo el examen, marcaje y/o precintado, lo mismo que la emisión de la constancia de verificación o el dictamen técnico final.
Queda establecido que Pro Consumidor es la autoridad nacional encargada de evaluar la conformidad con reglamentos técnicos. En este crucial rol, enfrenta el desafío de determinar la cantidad de documentos de este tipo ya aprobados y los que aún están pendientes de aprobación. Esta responsabilidad adquiere mayor relevancia al considerar que la creciente complejidad y expansión del sistema económico dominicano seguirá generando la necesidad de establecer nuevos reglamentos y especificaciones técnicas para una gran variedad de productos y procesos relevantes.
