El pasado domingo 19 de agosto del año 2018 el presidente Danilo Medina dijo en un programa de televisión que sería en el mes de marzo cuando fijaría posición sobre la posibilidad de presentarse a la búsqueda de una segunda repostulación que le permita perpetuarse en el poder más allá del 2020.
El argumento de Medina desató un amplio debate en la opinión pública nacional, el cual trascendió durante todo el 2018 y hasta la actualidad, principalmente en la organización política a la que pertenece, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Las principales críticas de una eventual repostulación del jefe del Estado han surgido desde su propia organización, específicamente del litoral que representa el presidente de la entidad morada, el exmandatario Leonel Fernández.
“En el PLD, a lo interno del PLD, nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo, y en ese momento yo fijaré mi posición ante el país”, expresó el gobernante durante una entrevista con la comunicadora Jatnna Tavárez.
En palabras del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), este lunes están convocados los 34 miembros del Comité Político, máximo organismo de dirección de la entidad partidaria, en donde podría ser abordado el tema de la reelección.
La Constitución
Para una eventual repostulación del presidente Danilo Medina es necesario una modificación a la Constitución de la República, ya que el actual modelo presidencial dominicano, de acuerdo con el el artículo 124 de la Ley Sustantiva, permite agotar dos periodos consecutivos y nunca jamás.
Si bien es cierto que Medina no se ha expresado al respecto, sus más cercanos seguidores coquetean con la posibilidad de cabildear en el Congreso una alteración al texto constitucional que habilite electoralmente al mandatario.
Los artículo 267, 628 y 269 de la actual Constitución dominicana indican los requisitos que se deben cumplir para su modificación. En la actual coyuntura, y debido a las alegadas diferencias que existen entre el liderazgo del PLD, el litoral danilista para aprobar una alteración al texto constitucional, principalmente en la Cámara Baja, necesitaría pactar con otras fuerzas políticas, situación que desde ya el opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha rechazado.