Olivo Rodríguez Huertas | Foto: @senadorepdom
El experto en derecho constitucional y administrativo, doctor Olivo Rodríguez Huertas, calificó como un discurso totalmente desfazado, penoso y atrasado el atribuir al fideicomiso público ser un instrumento con un interés marcado en la privatización estatal.
Entrevistado en el programa Esferas de Poder, planteó que el Estado y los particulares en un fideicomiso público son responsables de garantizar el interés general.
“Es un discurso un poco penoso, un poco atrasado y justamente la legislación en temas como este, desde lo público, lo que tiene es que garantizar aquellas cuestiones que vienen a ser una defensa de lo colectivo”, adujo.
En ese sentido, dijo que por eso debe haber una ley que establezca límites y controles, porque se han estado haciendo fideicomiso sobre la base de aprobaciones singulares de los contratos por parte del Congreso Nacional, pero sin un marco jurídico general preestablecido.
Rodríguez Huertas advirtió que hay que establecer controles para que el Estado decida constituir fideicomiso, porque no se pueden establecer libremente, debido a que debe haber estudios económicos y financieros, lo que no significa que sea un modelo de privatización.
“No se trata de eso, esa es una idea un poco desfazada del momento en que vivimos, es decir, el mundo ha evolucionado, el contexto en que surge la administración, en pleno liberalismo económico en que había un divorcio entre el Estado y la sociedad, donde la sociedad tenía que resolver sus grandes problemas a través de sus propios medios y donde el papel del Estado era no interferir en los derechos y libertades de primera generación, ese Estado no existe desde hace más de 100 años”, subrayó.
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Comentó que ya no es solamente a través de las instituciones del Estado que se satisface el interés general, sino también en muchas ocasiones desde la sociedad y particulares se satisfacen necesidades de interés colectivo.
Observó que esto no significa que el Estado abandone su papel con la idea de que es una actividad privada, porque cuando se trata de que estas toquen el interés general, juega un papel de regulador y garante.
Argumentó que el Estado debe jugar un papel permanente de vigilancia, fiscalización y supervisión de la actividad y convertirse en un garante de que esa satisfacción de las necesidades colectivas, a través de los particulares, se cumpla.
“Creo que es ser justo en reconocer, en primer lugar, la voluntad que ha externado desde hace un buen tiempo del presidente de la República, de que la figura del fideicomiso público que ha estado usándose en los últimos ocho o diez años en la República Dominicana, se realice de cara al futuro dentro de un marco legal que regule todas las aristas y características que son propias del accionar público”, argumentó.
Rodríguez Huertas dijo que el hecho de que el Congreso Nacional esté trabajando con esa figura jurídica es producto de la voluntad política del presidente Luis Abinader.
Destacó la importancia de que la existencia de una ley fideicomiso público, lo cual no significa que el Estado se convierta en un fideicomiso o que todas las actividades públicas que corresponda a las entidades de la administración se realizarán a través de ese mecanismo.
“De lo que se trata, insisto, es de contar con una herramienta que esté a disposición de las finalidades públicas en la medida en que esta se convierta en una mejor manera de satisfacer el interés público”, significó.
El Senado hizo un cambio radical del proyecto de fideicomiso sometido por el Ejecutivo
El destacado jurista Olivo Rodríguez Huertas indicó que el Senado de la República hizo un gran trabajo, donde se hace constar en el expediente legislativo que decidieron dejar fuera el proyecto que se había sometido por el Poder Ejecutivo y asumir un nuevo texto.
Asimismo, el constitucionalista manifestó que produjeron cambios en su redacción y en el contenido técnico es radicalmente distinto.
“Me parece a mí con una determinada de precisión, sin romper la estructura de ese texto, pudiera lograrse una buena ley que venga a satisfacer las preocupaciones que públicas”, significó.
El exembajador dominicano en España aseguró que en el proyecto que cursa en el Congreso se hace constar que se aplicarán los principios de la Ley 140-06 sobre Constataciones Públicas.
Entre esos principios están los de publicidad, transparencia y libre competencia, lo cual excluye toda posibilidad elusión de los mecanismos competitivos de selección.
“No, allí no puedes contratar de manera directa, es decir, no es un mecanismo para poder eludir porque está cubierto”, agregó.
El destacado jurista sugiere que se refuerce ese mecanismo con la inclusión de la parte de los umbrales, porque se trata del monto de bien, obra o servicio que determina el procedimiento a utilizar.
Afirmó que los procedimientos son más estrictos y rigurosos en la medida en que el monto del contrato sea mayor, que van desde licitación pública nacional, internacional, restringida o por invitación.
