Juez Francisco Ortega Polanco | Foto: Kelvin de la Cruz
El juez de instrucción de la República Dominicana Francisco Ortega Polanco retomó este jueves la audiencia preliminar en contra de los siete imputados por recibir 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reveló pagar en sobornos en el país entre 2001 y 2014.
La audiencia comenzó con la presentación de un recuso de oposición por parte de los abogados del expresidente del Senado Andrés Bautista a la decisión de la segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de declarar inadmisible un recurso interpuesto por este y por Conrado Pittaluga, otro de los imputados, en contra de Ortega, a quien habían solicitado que se declarase incompetente para continuar su acusación.
Los abogados de Bautista y Pittaluga consideran que en el tribunal que preside Ortega solo se debe conocer la acusación contra el senador Tommy Galán, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), por tener jurisdicción privilegiada, y piden que la acusación en contra de sus defendidos sea declinada a una sala ordinaria.
Tras un receso, el abogado de Bautista, Carlos Salcedo, insistió en declaraciones a la prensa en que no existe conexión alguna entre los hechos imputados a su defendido y los de Galán, por lo que la jurisdicción privilegiada no aplica para el exsenador, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).
El juez, quien fue recusado por varios de los imputados, deberá pronunciarse en la audiencia de hoy sobre este y otros elementos que puedan presentarse a lo largo de la vista.
Además de los mencionaros, por este caso están también imputados el exsenador Jesús Vásquez, el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares; y el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM.
El grupo está acusado de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.
