Facebook José María Ibañez
El diputado oficialista de Paraguay José María Ibáñez presentó ayer lunes la renuncia a su escaño para el actual periodo, tras una campaña ciudadana que exigía su dimisión al haber admitido ante la Justicia que los cuidadores de una propiedad suya aparecían como parte de la nómina de la Cámara Baja.
Las protestas, algunas realizadas frente al domicilio del legislador, se habían intensificado después de que la semana pasada la Cámara tratara un pedido para su pérdida de investidura, que no prosperó.
Su renuncia se produce horas antes de una convocatoria frente al Congreso por parte de organizaciones estudiantiles para expresar su repudio a Ibáñez y a esa votación en la Cámara Baja.
Ibáñez, en un comunicado a Miguel Cuevas, presidente de Diputados, presentó su renuncia para el periodo 2018-2023, al que fue elegido en las pasadas elecciones de abril por el gobernante Partido Colorado.
"Esta decisión se debe a que, luego de una serena reflexión con los líderes de diversas bancadas y colegas de distintos sectores políticos, hemos llegado a la conclusión que la paz de la República y la convivencia pacífica de nuestro pueblo están por encima de cualquier propósito y merece todo tipo de renunciamiento", dice el escrito, divulgado por los medios locales.
La renuncia también había sido pedida por algunos referentes del Gobierno entrante que presidirá Mario Abdo Benítez, quien durante la campaña electoral dijo que no toleraría casos de corrupción política.
Ibáñez pertenece al movimiento Colorado Añetete, el sector dentro del Partido Colorado que preside Abdo Benítez.
En ese sentido, y a medida que se daban más expresiones de repudio contra Ibáñez, su permanencia en el escaño era vista como perjudicial para la credibilidad de ese mensaje de Abdo Benítez, quien asumirá la Presidencia el 15 de agosto.
La campaña ciudadana hacia Ibáñez se debe al caso de los "caseros de oro", como se conoce popularmente, y se remonta al año 2013, cuando la prensa forzó al Poder Legislativo a publicar los nombres y sueldos de sus funcionarios, lo que reveló la contratación por parte de parlamentarios de familiares y allegados.
Los datos sirvieron para conocer que Ibáñez pagaba a cada uno de los tres cuidadores a su servicio 2,5 millones de guaraníes (435 dólares actuales) a través del Congreso.
Sin embargo, los tres empleados solo recibían 500.000 guaraníes (87 dólares) y el resto se ingresaba en la cuenta de la mujer de Ibáñez, Lorena Plabst.
El congresista reconoció los hechos y propuso una donación de 200 millones de guaraníes (34.800 dólares) a varios hospitales públicos a modo de reparación.
La Justicia aprobó esa oferta y la Fiscalía no puso obstáculos, por lo que Ibáñez, acusado de estafa, quedó impune y se libró de una pena de entre cinco y siete años de cárcel.
El pasado miércoles, la Cámara de Diputados trató el pedido de pérdida de investidura, una votación en la que Ibáñez se salvó gracias a las abstenciones de 42 diputados y solo 27 votos a favor de apartarle del Congreso, muy lejos de los 53 requeridos para ese fin.
Tras la votación se sucedieron las manifestaciones en las redes sociales pidiendo su renuncia, al igual que escraches frente a la residencia de Ibáñez, en Asunción.
Además, varios centros comerciales le prohibieron la entrada, un veto que se hizo extensivo a cadenas de tiendas que se acogieron al derecho de admisión en sus instalaciones y le declararon persona no grata.
