El juez Francisco Ortega Polanco | Foto: EFE/Franklin Guerrero
El juez de instrucción de la República Dominicana Francisco Ortega Polanco, reanudó este miércoles la audiencia preliminar en contra de los siete imputados por recibir 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reveló haber pagado en sobornos en el país entre 2001 y 2014.
La audiencia inició con la lectura, por parte del Misterio Público, de la acusación formal en contra de los imputados: el senador Tommy Galán, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los exsenadores Andrés Bautista, Roberto Rodríguez y Jesús Vásquez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición).
Asimismo, en contra del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, del PLD, su supuesto testaferro, Contado Pittaluga, y empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares.
El grupo está acusado de los delitos de soborno, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
A su llegada hoy a la sede de la Suprema Corte de Justicia, Rondón cuestionó el hecho de que las personas que el Ministerio Público asegura que él sobornó "no estén incluidos en el expediente", un punto que el organismo "va a tener que justificar".
"A quién yo soborné en Hacienda, a quién sobornó en Presupuesto, en crédito público, en el Poder Ejecutivo", se preguntó Rondón en declaraciones a periodistas.
Una vez finalice la exposición del Ministerio Público, los imputados dispondrán de cinco días para presentar su defensa.
A finales de mayo de 2017, el Ministerio Público imputó a 14 personas por el caso, contra quienes se emitieron distintas medidas, entre ellas prisión, pero en junio pasado el procurador general, Jean Alain Rodríguez, presentó acusación formal contra seis, dejando a ocho fuera del expediente.
Rodríguez anunció entonces la inclusión de Jesús Vásquez, hasta hace poco secretario general del PRM.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos entre 2001 y 2014.
