Luis Abinader | Foto: EFE/ Orlando Barría
¡Nada menos que lo prometido! Evidentemente, la pandemia del COVID-19 y su impacto económico obligan al gobierno liderado por Luis Abinader a priorizar la salud del pueblo dominicano y la economía nacional. Por lo que resta del año, la agenda gubernamental debe ser un reflejo de estas realidades. Sin embargo, estos son requisitos mínimos que se espera de cualquier gobierno dadas las circunstancias. La forma en como se implemente un plan de salud y recuperación económica sumado a las promesas hechas por Abinader y su equipo son el reto real.
Ciertamente, hay varias reformas legales que están pendientes. Por ejemplo, robustecer la Ley de Compras y Contrataciones, eliminar el barrilito y demás privilegios de los congresistas y cambiar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. No obstante, factores sociales como la cultura política y la confianza en el gobierno juegan un papel más importante en el fortalecimiento de la democracia que el que juegan las leyes (Dahl 1956). A pesar de las fallas legales, la mayor necesidad del la República Dominicana al momento es un liderazgo ético para que su autoridad sea legítima.
Aunque el “borrón y cuenta nueva” es una práctica corrupta y malsana, debo admitir que dudo mucho que se le pueda poner fin a la impunidad durante este cuatrienio. Las razones de mi escepticismo ya las expliqué en un articulo anterior. De todos modos, hay muchos pasos que este gobierno puede dar para restaurar la confianza en las instituciones y en el presente artículo abordo cinco medidas que creo se pueden empezar a implementar durante los primeros 100 días de gobierno.
En primer lugar, debe efectuarse un pacto para que todos los legisladores del PRM renuncien a los irritantes privilegios que por una ley absurda les competen. Ya los senadores electos Antonio Taveras y Eduardo Estrella han indicado tal compromiso. Este es un acto simbólico que golpearía el legado de la política clientelar y revestiría de cierto grado de confianza al Congreso Nacional que mucho prestigio ha perdido durante los últimos 20 años.
Segundo, reorganizar las instituciones del estado. La diputada, hoy senadora electa Faride Raful tiene una propuesta interesante para mejorar y reorientar el gasto público (ver propuesta de Raful). Desde fusionar instituciones hasta reubicar empleados, el estado debe ejecutar los recursos con mayor eficiencia. Aunque es un reto de logística, creo que la propuesta de Faride ya ha identificado muchas áreas que pueden ser objeto de esa reforma.
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Tercero, nombrar un equipo de fiscales especializados para atender denuncias a irregularidades en los procesos de compras y contrataciones del estado. Lamentablemente, esta es una de las áreas principales en las que funcionarios corruptos encuentran formulas para enriquecerse ilícitamente. Aunque las denuncias sobran, el Ministerio Público nunca ha actuado a consecuencia. Creo que esta estrategia podría reducir casos de corrupción de este tipo en un sinnúmero de instituciones.
Cuarto, cumplir con la promesa de ampliar la base de los integrantes de la Policía Nacional para que hayan 3.5 policías investigadores por cada 1,000 habitantes y aumentar el salario del policía raso al equivalente de $500 dólares estadounidenses. Obviamente, esto debe de ir acompañado de una renovación del liderazgo y la filosofía policial. Basta ya del policía que detiene a gente decente en la calle para solicitar sobornos. Basta ya del policía que protege a delincuentes a cambio de una tajada del dinero mal habido.
Quinto, el nombramiento de una o un procurador general independiente. Aunque por ley este puesto siga dependiendo del presidente, los dominicanos entendemos que hay ciertas figuras que no se harían de la vista gorda frente a casos de corrupción. Por ejemplo, el Dr. Ricardo Nieves y el juez José Alejandro Vargas. Por tanto, nombrar a una persona que goce del respaldo social prácticamente garantiza la independencia de criterio y acción de esa entidad.
Cabe resaltar que no mencioné la solución del problema eléctrico, mantenimiento del drenaje pluvial, revisar el contrato de la Autopista del Nordeste, la reforma al sistema de seguridad social, el mejoramiento del gasto en educación, aumentar y mejorar el gasto en Salud Pública, descentralizar el estado y transferir a los gobiernos locales el porcentaje que por ley les toca, etc. porque entiendo que estos problemas deben ser abordados a lo largo de este cuatrienio, pero no deben ser prioridad durante los primeros 100 días.
Por último, decir que dirigir los destinos de la nación en estos momentos puede convertirse en una bendición o maldición. Por un lado, son tantas son las áreas que deben y se pueden mejorar que no hay que ser prestidigitador ni clarividente para saber que quiere la gente y como se les puede satisfacer. Por otro lado, tantos son los anhelos de la población de ver a la República Dominica marchar por el camino correcto que fallar en áreas neurálgicas empañaría cualquier aspecto positivo que pueda tener este gobierno.
Espero que Abinader y su equipo puedan hacer buen uso del voto de confianza que la población les ha brindado y que su paso por la administración pública deje el dulce sabor del deber cumplido. Los dominicanos estamos en gran necesidad de un gobierno ético que sirva de ejemplo a las futuras generaciones. Basta ya de solo poder usar el corto gobierno de Bosch (1963) como ejemplo de transparencia. Ya es tiempo de tener un liderazgo del que nos sintamos orgullosos todos y no solo el grupo que se beneficia de las arcas del estado.
Referencias:
Dahl, R. (1956). A Preface to Democratic Theory. University of Chicago Press
