Preso, imagen de referencia | Foto: DNCD
En una acción conjunta de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y el Ministerio de Trabajo, fueron arrestadas siete personas en esta provincia por su vinculación a la explotación laboral infantil en perjuicio de al menos 14 víctimas.
Durante la operación fueron arrestados mediante orden judicial Richard Mora Tapia (Uribe), Wilian Cabreja Pimentel, Juan Antonio Muñoz (Papito), Noel Tapia, José Miguel Arias Muñoz, Ana María Alemán Zapata y Elbio Báez Sosa, quienes están involucrados en la explotación laboral de los menores con edades entre los 8 y 15 años.
En la operación también participó la Fiscalía de Montecristi, así como miembros de la Policía Nacional, la Dirección de Niños, Adolescentes y Familia (DINAF) y la Dirección General de Migración.
Sobre el caso, la solicitud de la medida de coerción establece que las víctimas, de sexo masculino, eran utilizadas para labores en fincas sembradas de arroz en corte, ubicadas en los municipios Castañuelas y Villa Vásquez, donde cumplían un horario de 6:00 de la mañana a 7:30 de la noche, recibiendo como pago RD$300 pesos diarios.
Mediante un comunicado de prensa se informó que el grupo fue arrestado luego que las autoridades pudieran confirmar informaciones recibidas en el sentido de que en esta provincia se habían identificado situaciones importantes de explotación de trabajo infantil, donde niños eran utilizados para recoger el arroz en caballos, de forma inhumana.
La jueza Javierka Gómez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Montecristi, ayer aplazó para este sábado, a las 3:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción del Ministerio Público en contra de los encartados.
El Ministerio Público le atribuye al grupo la violación de varios artículos de las leyes Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, la Ley 136-03, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley 16-92, del Código de Trabajo.
El órgano de justicia resaltó que cuenta con distintas pruebas documentales y testimoniales en contra de los imputados y dijo que la medida más idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva por la gravedad de los hechos, por los cuales podrían enfrentar penas de 15, 20 y hasta 25 años de prisión.
