La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, aseguró este martes que la institución que dirige examina y realiza los estudios contables de las declaraciones juradas de bienes presentadas al Ministerio Público por la Cámara de Cuentas, así como las dificultades que puso a ese órgano el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para la auditoría a los fondos públicos que recibió de la Junta Central Electoral en los años 2012 y 2016.
Según establece un comunicado, Germán Brito explicó que este último es uno de los temas que presentó a la Procuraduría General el presidente de la CC, Hugo Francisco Álvarez Pérez.
Aseguró que desconoce las razones que llevaron al PLD a obstaculizar el trabajo de la Cámara de Cuentas, pero adelantó que ya el Ministerio Público tiene una investigación en curso al respecto.
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La magistrada se refirió al tema al responder una pregunta de un medio de comunicación local, al concluir una rueda de prensa virtual, que ofreció a periodistas que cubren la fuente de la Procuraduría General.
En el texto se destacó que Álvarez Pérez visitó la Procuraduría General los días nueve y 30 de septiembre para tratar diversos temas, incluyendo el de las auditorías al PLD que dieron lugar a unas diligencias de parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de Persecución.
La Pepca y la Dirección de Persecución requirieron la comparecencia del presidente interino del PLD, Juan Temístocles Montás Domínguez, así como la del contralor de la organización, Francisco Liranzo, y el gerente financiero, Audilio Vargas.
El presidente de la Cámara de Cuentas también depositó en la Procuraduría General declaraciones juradas de bienes de funcionarios o exfuncionarios y, además, aportó una lista con los denominados “omisos” que incumplen con la Ley 311-14 sobre Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, del ocho de agosto de 2014.
Miriam Germán Brito sostuvo que un mes y medio jamás resultará un tiempo excesivo para un proceso de investigación de una denuncia o una querella en la que, como en algunos casos, existen “muchas cuestiones a ser examinadas por peritos forenses” y, además, se debe pedir información a entidades del área financiera.
“Es que si uno hace un expediente y lo conduce de manera atropellante y con una rapidez desesperada, la más probable es que le salga flojo el caso y que en un juicio al fondo no se sostenga”, manifestó.