La Procuraduría General de la República (PGR) informó este martes que el Ministerio Público está preparado para recibir las eventuales denuncias y querellas formales por delitos electorales, y que cuenta con un cuerpo de fiscales de carrera que ha sido debidamente entrenado para dar el curso correspondiente a esos casos.
Aclaró que al igual que en todos los procesos penales, es el Ministerio Público de cada demarcación el que realiza la investigación penal y no un fiscal electoral, figura que no existe en ninguna ley y que ha sido confundida con una Procuraduría Especializada para Asuntos Electorales conforme la Ley Orgánica del Régimen Electoral número 15-19, y la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11, cuya misión es dar apoyo a las fiscalías, salvo casos excepcionales conforme lo indica de manera clara esta última Ley.
Un comunicado de prensa difundido por la institución destaca que actualmente el tema sobre el recién pasado proceso electoral está siendo manejando por la Junta Central Electoral (JCE), por lo que respetando los roles, dijo que está a la espera de que ese órgano concluya con las acciones que han informado al país llevarán a cabo en esa materia, para entonces atender los casos que pudieran presentarse luego, en su ámbito de competencia.
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En ese sentido, respecto a la auditoría forense que hará la Junta Central Electoral al sistema y a los equipos del voto automatizados utilizados en las elecciones primarias del pasado 6 de octubre, dijo que si algunas de las partes participantes en el recién evento electoral, se viera afectada por esos resultados con evidencias de un delito, podrá presentar su denuncia o querella por ante el Ministerio Público o por ante en el Tribunal Superior Electoral, de acuerdo a lo establecido en la ley.
Reiteró que los fiscales de carrera de cada demarcación han sido debidamente entrenados y seguirán siendo capacitados para que ante las eventuales denuncias o querellas formales que sean presentadas, procedan con los trámites correspondientes que conllevan los procesos judiciales por delitos electorales, contemplados en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 15-19 que regula lo relativo al ejercicio de la ciudadanía de elegir y ser elegido.