El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña I Foto: SCJ
El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina Peña, reafirmó su compromiso con una Justicia oportuna, inclusiva, accesible y confiable, y destacó que en lo que va de año se resolvieron 1,369 casos de manera definitiva.
Indicó que entre junio de 2019 y diciembre de 2020 ingresaron a la SCJ 8,304 recursos y que en ese periodo falló 11,637 casos, de acuerdo con datos de la Secretaría General del Poder Judicial.
Al participar como orador invitado en evento virtual que organizó la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, Molina reiteró que la mora judicial continua siendo el principal problema que aqueja al sistema judicial.
“Hemos trabajado para vencer la mora, para que el Poder Judicial tome más en cuenta la importancia de su servicio y se ponga en el lugar de quienes acuden a este”, reveló de acuerdo a un comunicado de prensa.
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En su discurso, el presidente del Consejo del Poder Judicial manifestó que a raíz de la pandemia se aceleró la virtualidad y se integró el trabajo remoto a las gestiones internas, lo que ha permitido obtener mayor eficiencia operativa y ahorro de recursos. En ese sentido, reconoció el trabajo de los jueces del país, de quienes dijo asumieron con responsabilidad la transformación y adaptación del sistema judicial.
“El verdadero significado de la digitalización tiene poco que ver con la tecnología y más con los procesos. Supone un cambio rotundo de perspectivas, mentalidad, forma de hacer las cosas y filosofía del servicio y toma de decisiones”, resaltó Molina. No obstante, a partir de la implementación de herramientas digitales, hoy en día por primera vez se encuentran disponibles en línea estadísticas clave de la gestión del servicio judicial.
Dijo que para este año se tiene previsto trabajar con el reglamento jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia, la política de privacidad sobre el tratamiento de datos personales en la publicación de resoluciones judiciales adoptadas por órganos jurisdiccionales, la actualización del reglamento general sobre los mecanismos alternos de solución de conflictos, entre otros.
