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La Fiscalía portuguesa investiga agencias que funcionan como intermediarias en Portugal para ofrecer acceso a servicios de vientres de alquiler en el extranjero, una práctica prohibida en el país luso.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron a EFE la existencia de la pesquisa, iniciada en 2018 y dirigida por el Departamento de Investigación y Acción Penal de Lisboa, que está bajo secreto de sumario.
Aunque el Ministerio Público no ofrece más detalles, medios locales apuntan a la existencia de empresas extranjeras que ofrecen a parejas que viven en Portugal acceso a vientres de alquiler en el extranjero, con servicios que pueden rondar los 100.000 euros.
En la actualidad, la legislación portuguesa prohíbe cualquier tipo de actividad que promueva o anuncie los vientres de alquiler, con penas de prisión de hasta cinco años.
La gestación subrogada ha estado en el centro de la polémica en Portugal en los últimos años, después de que llegase a ser legalizada en 2017.
La ley, promovida por el Bloque de Izquierda, permitía el acceso a los vientres de alquiler únicamente a mujeres con problemas de fertilidad que hubiesen nacido sin útero o tuviesen alguna lesión que les impidiera quedarse embarazadas y limitaba al "mínimo indispensable" el contacto del bebé con la gestante, que no podría recibir ningún pago.
Sin embargo, un grupo de diputados del ala conservadora enviaron la norma al Tribunal Constitucional, que la anuló en abril de 2018 al considerar que varios puntos violaban principios y derechos constitucionales.
El Bloque de Izquierda volvió a llevar el asunto al Parlamento con un nuevo proyecto para subsanar las objeciones del Constitucional, que otorga a la madre la posibilidad de arrepentirse y decidir quedarse con el bebé hasta que sea inscrito en el registro civil, lo que en Portugal puede demorar hasta 20 días.
El proyecto será votado este viernes en la Cámara, donde en principio su destino va a depender del Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha), que ha dado libertad de voto a sus diputados.
