Ángel Bello
Durante las últimas semanas han circulado en las redes sociales vídeos donde se puede apreciar a varios dominicanos enfrentados a miembros de la Policía Nacional cuando son sorprendidos violentando el toque de queda decretado por el Poder Ejecutivo debido al Estado de Emergencia que actualmente vivimos.
No hay dudas de que estas medidas para reducir los contagios con el COVID-19, aunque son necesarias, han colocado a las capas más marginadas de nuestra sociedad ante un gran dilema: o las mata el virus o sucumben ante el hambre.
Esto así porque en nuestro país hay muchos hogares donde un día en casa equivale a un día en que no se come, porque se sostienen del comercio informal. Esto ocurre aún cuando el Gobierno ha estado supliendo el sustento básico a miles de familias, porque a otras no alcanzará la mano asistencialista.
Sin embargo, salir a la vía pública sin observar el distanciamiento físico y otras precauciones, así como burlar el toque de queda, son dos actos de insubordinación que atentan no solo contra la vida del ciudadano que se rebela, sino también contra su propia familia y toda la población, porque la persona que se infecta podría propagar la enfermedad a niveles exponenciales.
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En medio de este complejo escenario, la Policía Nacional ha estado asumiendo el mandato de hacer cumplir la ley, sin discriminación de ningún género. Y lo ha estado haciendo de manera correcta, aunque pudiera haber algún caso donde se haya producido cierto exceso.
Esta labor se ha estado efectuando aún corriendo un alto riesgo de que los agentes resulten contagiados con un virus que, al día de hoy, tiene a más de 6,000 dominicanos postrados y ha arrebatado la vida a otros 286, de acuerdo con las estadísticas oficiales.
A este estado de cosas, sumemos los injustificados y desconcertantes desafíos al toque de queda por parte de otros ciudadanos, quienes llegan al extremo de lanzar retos a las autoridades mediante videos que cuelgan en las redes sociales.
A veces se esgrime violación a la integridad física por parte de los efectivos, cuando de lo que se trata, en la mayoría de los casos, es del uso de la fuerza cuando métodos pacíficos no dan resultados, un recurso estipulado tanto en la legislación nacional como internacional.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley apelan al uso de la fuerza cuando los ciudadanos hacen caso omiso a las exhortaciones mediante la comunicación. Es legítimo si se toma en cuenta la garantía de los Derechos Humanos a los infractores de la ley.
Es comprensible la agobiante situación por la que está atravesando una gran franja de los dominicanos económicamente más vulnerables como consecuencia de la cuarentena. Pero también comprendamos que es deber del Estado tomar medidas para proteger la salud pública y asegurar que sean cumplidas, por lo que no debe permitir que la cadena de contagio y la masificación del covid-19 den al traste con la vida de todos, incluyendo, al fin y al cabo, las de aquellos que hoy enarbolan su derecho a la alimentación. El día que no haya autoridad que valide el imperio de la ley, entonces todo, absolutamente todo, se habrá perdido.
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