El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, habla durante el acto I Foto: PJ
El Poder Judicial dominicano puso en marcha su Política de Protección de Datos. Esta iniciativa, aplicable a la publicación de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales de la República, protege la información de carácter personal que no es necesaria en las decisiones jurisdiccionales.
Durante el acto, el juez presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, destacó que la implementación de esta política es esencial para garantizar que la innovación y la digitalización no se conviertan en amenazas para los derechos fundamentales de las personas, sino en herramientas que refuercen el estado de Derecho.
“La publicación de sentencias y otros documentos por parte de la Suprema Corte de Justicia, así como de todos los tribunales de la República, se ajustará a estos nuevos criterios de protección de datos, garantizando que el derecho a la intimidad no sea vulnerado en el proceso de acceso a la información pública. Esto implica no solo adherirse a normativas nacionales e internacionales, sino también asegurar que el acceso a la información no se convierta en una puerta abierta a la invasión de la privacidad”, aseguró.
Agregó que la Política de Protección de Datos beneficia a todas las personas involucradas en procesos judiciales.
“La puesta en marcha de esta política nos insta a todos: jueces, fiscales, defensores, servidores judiciales y administrativos, la comunidad jurídica y la sociedad en su conjunto, a comprender el valor de los datos personales de quienes acuden al sistema judicial y a manejarlos con la diligencia y el respeto que merecen. Eso es, también, poner a la persona en el centro del accionar judicial”, manifestó el juez presidente.
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Subrayó que la norma refuerza la dignidad de las personas al garantizar un tratamiento respetuoso, justo y seguro de su información personal, reafirmando el compromiso del Poder Judicial con la protección de los derechos humanos y el valor inherente de cada individuo.
Sobre la política
El primer objetivo de la Política de Protección de Datos es establecer las reglas para mantener en anonimato los datos considerados personales en el ámbito judicial.
En segundo lugar, establece la posibilidad de aplicar esta política de forma previa a dictar la decisión judicial correspondiente, añadiendo, en este caso, la tutela judicial efectiva que debe garantizarse en todo momento a las partes. Corresponde al órgano judicial decidir qué datos personales no deben aparecer en el acto jurisdiccional.
Un punto de interés es que los criterios utilizados para proceder a la disociación o anonimización de los datos personales son flexibles. De esta forma, podrán ser modificados a discreción del juez, quien valorará qué categorías de datos son sensibles en cada caso particular, para proceder a protegerlos.
La aplicación de esta Política de Protección de Datos tiene como destinatarios a todos los órganos jurisdiccionales de la República Dominicana, lo que incluye los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
