Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la CNUS | Foto: Jason Tavarez
El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael "Pepe" Abreu, advirtió que los efectos de la pandemia del Covid-19 se traducirán en un duro golpe para la economía y las fuentes de empleos, porque el proceso de recuperación no será tan fácil en algunos sectores.
Entrevistado en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos por RNN Canal 27, citó las zonas francas y el turismo, el cual que emplea directa e indirectamente más de 200,000 personas.
El líder sindical se preguntó si será fácil reabrir el sector turístico y que vuelva la gente a viajar, caminar y hacer cruceros en un tiempo corto, cuya respuesta afirmativa no necesariamente es así, aunque se haga el esfuerzo.
Asimismo, Abreu manifestó que el sector zona franca, que depende mucho de que países que son clientes habituales, se irá reabriendo en la medida en que se estabilicen las naciones que demandan sus servicios.
“Son dos conglomerados de trabajadores que el impacto de la pandemia ha afectado y que no podrán ponerse tan rápidamente en movimiento, en ejecución, no van a recuperar su dinamismo tradicional tan rápido”, subrayó.
Observó que la Organización Mundial del Trabajo (OIT) está actualmente muy preocupada porque hay 270 millones de personas despedidas de sus trabajos.
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Indicó que la OIT está explorando qué hacer a partir de la pandemia con la situación del empleo.
El líder sindical afirmó se proyectaría que después de la pandemia el desempleo abierto, que normalmente se sitúa en el país en un 11%, se elevaría a un preocupante 23%.
Opinó que esto provocaría que ingresen más personas a la actividad informal y que los sistemas, como el de seguridad social, también pierdan ingresos.
Abreu planteó que el impacto del Covid-19 es mayor a cualquier catástrofe natural o la ocurrencia de una guerra, a lo cual no puede escapar el país.
“La verdad es que tener más de 800,000 trabajadores suspendidos en este en este momento, en su contrato de trabajo, es un golpe evidentemente contundente para cualquier clase de trabajadora de cualquier país”, recalcó.
El líder sindical sostiene que si se incluyen las suspensiones entre los empleados formales y los que desempeñan esa labor de manera informal, sin regulación del sistema de seguridad social ni por las leyes laborales, “hay que decir que esto en su conjunto asciende a más de dos millones de personas que actualmente están suspendidas en su posibilidad de manejar los ingresos a que estaban acostumbrados”.
Explicó que la suspensión tiene un plazo máximo de 90 días, la cual termina con el reintegro de los trabajadores o con su desahucio.
“Pero en el caso que nos ocupa, hay un estado de incertidumbre, por un asunto que es claro. Se le otorgaron a las empresas 60 días del plazo de la suspensión, ellas van a pedir, en muchos casos, prórrogas y se la van a otorgar, por ejemplo, 30 días más, que es lo que se está haciendo”, acotó.
Afirmó que cuando llegue el tiempo en que las empresas tengan que reintegrar a los trabajadores o liquidarlos, si no están habilitadas para reiniciar con los empleados, intentarían otra suspensión, la cual no implica el pago de salarios.
El sindicalista estima que esto agravaría la situación, independientemente de que los trabajadores estén siendo asistidos a través del Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE).
Sugirió ir abriendo los espacios económicos, con un protocolo que permita que no se propague el Covid-19.
Abreu considera que la economía puede irse reabriendo por sectores de manera ordenada y de manera gradual, con el propósito de que la gente comience a laborar, lo cual quita presión al propio Estado, que no está en condiciones de responderle a todos los sectores golpeados por la pandemia.
