En una rueda de prensa en la sede del Parlamento, el legislador Jorge del Castillo hizo un llamado a la ciudadanía para «mantener la calma ante esta situación», dos días después de que el exmandatario ingresó a la sede diplomática en el distrito de San Isidro.

Del Castillo pidió además dejar «en traquilidad al Gobierno de Uruguay que tome la decisión», como país soberano, sobre la solicitud de asilo diplomático para García, que gobernó Perú de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011.

El congresista se quejó de las protestas producidas ayer en los exteriores de la embajada uruguaya, que inclusive afectaron al exministro aprista Luis Alva Castro, así como de la comunicación que tuvo el mandatario Martín Vizcarra con su homólogo Tabaré Vásquez.

Alva Castro fue derribado de una patada, por opositores reunidos en el lugar, cuando ingresaba a la sede diplomática y Del Castillo dijo que esas acciones sólo provocan «enervar la situación de crispación en la población».

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«Si le dan el asilo, al Gobierno peruano no le queda otra cosa que otorgar el salvoconducto correspondiente» para que García, con orden de impedimento de salida del país, pueda abandonar el territorio.

El presidente peruano, Martín Vizcarra, informó que mañana, a más tardar, el gobierno enviará un informe a Uruguay con los motivos por los cuales es investigado García por colusión agravada y lavado de activos por la fiscalía, al desechar que se trate de una persecusión política.

A su turno, el legislador Mauricio Mulder afirmó que «sí hay vulneraciones al estado de derecho en nuestra patria y que la comunidad nacional e internacional ha sido la que ha llevado a que García encuentre un país abierto a todo aquel que tiene persecusión de carácter político».

En la misma línea, el secretario general del partido Aprista, Elías Rodríguez, afirmó que los adversarios políticos de su movimiento «iban a utilizar la (probable) detención preliminar (de García) para saciar su burla» contra el exmandatario.

Afirmó que el expresidente fue blanco de una celada del fiscal José Domingo Pérez durante su última citación a declarar, en la que se amplió la investigación en su contra con la información propalada por el portal de noticias IDL Reporteros.

Asimismo, el abogado de García, Erasmo Reyna, acusó al fiscal Pérez de hacer una persecusión contra el exgobernante y de actuar en forma concertada con IDL Reporteros, que publicó documentos y testimonios que confirmarían los depósitos de Odebrecht para pagar una charla ofrecida por el expresidente en 2012 en Brasil.

La noche del sábado el expresidente García acudió a la residencia del embajador de Uruguay en Lima horas después de conocer que el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción, aceptó el pedido fiscal de impedimento de salida del país.

García, quien reside habitualmente en Madrid, llegó el jueves a la Fiscalía de Lima para brindar sus declaraciones en relación a la investigación que realiza el fiscal José Domingo Pérez sobre los sobornos que la empresa brasilera Odebrecht confesó haber entregado a funcionarios del Gobierno en el marco de la licitación de las obras del Metro 1 de Lima.

Sin embargo, el interrogatorio fue suspendido debido a que el fiscal Pérez decidió ampliar la investigación a la comisión de los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en perjuicio del Estado.

Horas después, los nuevos indicios revelados de que García habría recibido 100.000 dólares de la Caja 2 de Odebrecht, por intermedio de la empresa del abogado José Américo Spinola, por una conferencia desarrollada en Brasil, llevaron a que el fiscal Pérez solicite la medida cautelar contra el exmandatario.