El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, deploró este martes que el nivel de “corrupción que tienen montada” impidió el acceso de una comisión de la entidad que dirige al Centro de Retención Vehicular que opera en el Canódromo.
En declaraciones exclusivas para El Gobierno de la Mañana, el funcionario estatal afirmó que la acción violenta de los agentes de la Dirección General de Seguridad Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) que controlan el lugar lo han convertido en una entidad con “jurisdicción privilegiada”.
“Ellos realmente ahí dentro, aparte de la corrupción que tienen montada, eso termina siendo una jurisdicción privilegiada, que ni siquiera el Defensor del Pueblo puede entrar”, lamentó el incumbente.
Macuteo
En palabras de Pablo Ulloa, la dinámica del Canódromo consiste en retener los vehículos a las personas para luego buscar la forma de entregárselo fuera de lo que establece la ley, incluso exigiendo dinero sin acuse de recibo.
"Ver ese pensamiento básico, en el cual ayer la violencia fue la forma de poder vedar la corrupción que existe ahí dentro me preocupa”, añadió Ulloa al narrar el nivel de agresividad del que fueron víctima él y la comitiva que le acompañó al denominado “cementerio de vehículos”.
Otra de las acciones que deplora el Defensor del Pueblo es que mientras los órganos persecutores del Estado están concentrados en perseguir la corrupción institucional de los grandes millones, el “ciudadanos de a pie” es víctima a diario de la corrupción del macuteo.
“No entregar tu motor a las 4:00 de la tarde para que vuelvas el día siguiente, y te digo: si tú quieres yo te lo puedo sacar y ahí hay dos mil pesos en efectivo. O ese individuo que tiene que pagar un dinero porque tiene que mantener su familia, y está dispuesto, incluso, a empeñar su celular para darle 500 o 1,000 pesos a un oficial de Digesett, para que le saque su vehículo, esa es la corrupción que afecta al ciudadano”, lamentó.
Agresión
El defensor del Pueblo se refirió en esos términos luego de que fuera víctima de agresiones junto a su equipo y miembros de la prensa cuando se disponía a inspeccionar las presuntas irregularidades que se dan en el referido lugar, las cuales han recibido lluvias de denuncias.
Lo ocurrido ayer lunes entiende que “no importa”, pues alega que a diario los ciudadanos son víctimas de agresiones de parte de los agentes que controlan el lugar.
“Yo lo que quisiera es que esto sirva de ejemplo”, alegó.
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Luego del altercado en el que también resultó con agresiones el Defensor Adjunto, Harold Modesto, el Defensor del Pueblo procedió a querellarse contra los agentes actuantes en el hecho.
Por otro lado, el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Ramón Antonio Guzmán Peralta, destituyó a la coronel Ysabelita de los Santos Pérez, quien hasta ayer era la encargada del Canódromo y que dirigió la agresión.