Milagros Ortiz Bosch | Foto: Jason Tavarez
La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, afirmó que la Contraloría General de la República (CGR) sí está facultada para investigar sobre posibles desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, tal como lo ha recomendado el presidente Luis Abinader.
La funcionaria definió como institucionalmente pertinente y legalmente correcta la recomendación de Abinader para que los diferentes departamentos de su administración que deseen realizar auditorías, puedan hacerlo a través de la Contraloría, según destacó una nota de la Presidencia.
Citó la ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la CGR, que faculta a ese órgano "a realizar investigaciones administrativas sobre desviaciones en el uso e inversión de los recursos públicos, detectadas en uso de su atribución evaluadora o a solicitud del Poder Ejecutivo o de las entidades y organismos públicos bajo el ámbito de aplicación de esta ley".
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Agregó, que el reglamento de la aplicación de esa misma ley, dictado por el presidente Leonel Fernández en 2007, también le otorga poder a la Contraloría para realizar ese tipo de pesquisas a solicitud de las instituciones públicas interesadas.
El reglamento señala, según Ortiz Bosch, que "las entidades y los organismos bajo el ámbito de la Ley, no podrán interponer, ante la Contraloría y sus unidades de auditoría interna, reservas ni limitaciones a la transparencia, que no hayan sido expresamente establecidas por Ley".
La exvicepresidenta dijo que Abinader ha sido consistente en afirmar que utilizará todas las atribuciones que establecen las leyes y la Constitución de la República para garantizar un régimen de transparencia y estricto control en la administración de los bienes públicos, razón por la cual ha sugerido recurrir a la Contraloría General de la República para reforzar el control de fiscalización que ejerce la Cámara de Cuentas.
"No se trata de anular a un poder del Estado, sino de complementar su labor como órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado, como lo dispone la Constitución de la República", puntualizó Ortiz Bosch.
