Manifestantes en Nicaragua | Foto de EFE
Un opositor que fue condenado a 15 años de prisión por narcotráfico tras haber participado en protestas antigubernamentales en Nicaragua denunció ser víctima de envenenamiento en la cárcel, informaron este miércoles sus familiares.
El opositor Edward Enrique Lacayo Rodríguez, quien lideró protestas contra el presidente Daniel Ortega en una comunidad indígena del Pacífico de Nicaragua en 2018, sufre problemas estomacales y supuestamente recibe medicamentos alterados, según la denuncia.
"El viernes nos correspondía visita, él nos comunicó que se sentía mal del estómago, y que los custodios del Sistema Penitenciario 'La Modelo' le pasaron sus pastillas, pero descubrió que estaban con gasolina, prácticamente lo están envenenando", según denunció Karol Lacayo, hermana del reo.
Desde su captura, el 15 de marzo pasado, mientras viajaba por tierra hacia Costa Rica, Lacayo fue considerado como un "preso político" por la oposición, que niega la versión del Gobierno, de que se trata de un traficante de drogas.
Los familiares del reo denunciaron el caso ante el Comité de la Cruz Roja Internacional (CCIR), ya que supuestamente las autoridades no entregan a Lacayo, de 45 años, su medicamento contra la diabetes.
Esta no es la primera vez que los llamados "presos políticos", de los cuales al menos 130 permanecen en la cárcel, denuncian alteraciones en los alimentos dentro de las cárceles de Nicaragua.
Decenas de personas que fueron excarceladas tras guardar prisión como "presos políticos", sostienen que la comida de los calabozos contenía residuos de metal, vidrio molido, o restos de insectos, por lo que únicamente consumían alimentos de sus familiares.
Lacayo ya había emitido varios "S.O.S." desde el interior de la cárcel, para denunciar torturas en su contra, antes de la condena, emitida ayer por la titular del Juzgado Séptimo Penal de Audiencia de Managua, Rosa Aracelly Rubí Guerrero.
El grupo de abogados denominado Defensores del Pueblo han denunciado que el Gobierno acusa a los opositores de cometer delitos comunes, para garantizar su permanencia en la cárcel, y que no sean beneficiados con la polémica Ley de Amnistía, que la misma oposición rechaza porque protestar no está penado por la legislación de Nicaragua.
El caso de Lacayo se da en medio de una crisis sociopolítica que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dejado 328 muertos en 16 meses, aunque organizaciones locales elevan la cifra a 595 y el Gobierno la reduce a 200.
La CIDH ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad" en el marco de la crisis.
