Martín Vizcarra | Foto: EFE Paolo Aguilar
Por Álvaro Mellizo
La facción de congresistas opositores al presidente peruano, Martín Vizcarra, perdió esta jornada capacidades para resistirse a la disolución del parlamento decretada por el Ejecutivo, que vio reforzada su posición con el apoyo y la tranquilidad con la que los ciudadanos han recibido ese movimiento.
La dimisión que durante la noche del martes presentó la vicepresidenta Mercedes Aráoz a su cargo oficial y al "encargo" de ser "presidenta interina" de Perú apenas horas después de haberlo jurado ante los diputados rebeldes del Congreso, dañó mucho las expectativas y posibilidades de este grupo, que quedó entrampado tanto legal como políticamente en sus posibilidades para desconocer el decreto presidencial.
La oposición, compuesta por diputados fujimoristas y sus aliados de derecha y extrema derecha, escenificó su resistencia en la Comisión Permanente del Congreso, repitió su tesis sobre golpe de Estado y usurpación de poderes e intentó tomar infructuosamente medidas legales.
La ciudadanía prosiguió con total normalidad su vida cotidiana, claramente satisfecha con la iniciativa, que también fue respaldada públicamente por cada vez más cargos públicos electos, como gobernadores y alcaldes.
Cambio de estrategia
La renuncia de Aráoz, que según la tesis opositora era la legítima presidenta del Perú, debilitó y forzó un cambio radical en la estrategia opositora.
Sin ella como ancla, y siguiendo la misma lectura constitucional que tanto se han esforzado en defender, el paso consecuente sería la celebración de unas elecciones.
Así, las únicas dos opciones que les restan son o bien aceptar la Presidencia de Vizcarra y su convocatoria a unas elecciones legislativas o bien lograr que este dimita para que los comicios sean generales.
Esta era exactamente la propuesta que Vizcarra lanzó el pasado 28 de julio y que fue rechazada virulentamente por "anticonstitucional" por la mayoría opositora del Congreso.
"Renuncie usted, renunciamos todos y llamamos a elecciones inmediatamente. No le temamos al pueblo, hagámoslo hoy", propuso durante la jornada el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, dirigiéndose a Vizcarra.
Ejecutivo aún en formación
Vizcarra, que no ha participado en actos públicos desde que anunció la disolución del Congreso el lunes por la tarde, pasó otra jornada completa encerrado en el Palacio de Gobierno diseñando junto con el primer ministro, Vicente Zeballos, al nuevo Ejecutivo.
Zeballos sí salió a dar una entrevista en horas de la mañana en donde dio un portazo a las propuestas surgidas desde la oposición.
El premier descartó para empezar cualquier posibilidad de que Vizcarra dimita, y además negó la mayor al apuntar, desnudando además el callejón sin salida legal en el que parece haberse metido la oposición, que Aráoz no pudo haber dimitido de su cargo porque constitucionalmente eso solo lo puede hacer ante el pleno del Congreso, un Congreso que ya "no existe".
Desde la Presidencia se anunció a los medios que el jueves por la tarde jurará el nuevo Ejecutivo dirigido por Zeballos, en donde habrá un importante número de carteras que repetirán en manos de los mismos ministros que sirvieron bajo Salvador del Solar.
Sin embargo, carteras claves como Exteriores y Economía aún no parecen haber encontrado dueño.
Comisión permanente
Pese a haber indicado con anterioridad que no lo haría, Pedro Olaechea convocó una reunión de la Comisión Permanente del Congreso, lo que tácitamente era una aceptación de la disolución decretada por Vizcarra.
Sin embargo, los opositores allí reunidos afirmaron que se trataba de un "pleno", solo impedido en su desarrollo porque la Policía impidió el acceso a la cámara de legisladores que no formaban parte de dicha comisión.
Tras una trifulca con diputados de izquierda y liberales que apoyan a Vizcarra, y que terminaron por marcharse de la sala, la comisión aprobó presentar una acción competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que este analice la legalidad de la disolución del Parlamento.
Según la ley peruana, solo el pleno del Congreso puede presentar este tipo de acciones ante el alto tribunal.
Además, también deliberó sobre otros actos realizados por Vizcarra en un debate en donde se acusó al mandatario de ser un golpista y de haber transgredido la Constitución Política.
El congresista fujimorista Héctor Becerril afirmó que "hay un presidente de facto por la fuerza de la Policía Nacional", pero añadió que "hay que pasar a la acción" y anunció que comenzará a "organizar la resistencia a este Gobierno".
"No tengo miedo a Vizcarra ni a los militares golpistas que se han reunido con él para traicionar a la patria", manifestó Becerril antes de ingresar a la sesión de la Comisión Permanente.
El legislador César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), pidió a los integrantes de la Comisión Permanente que no se aferren más al cargo y que "no estemos haciendo este papelón".
En su lugar, planteó "dedicarnos a hacer la transición necesaria para que este país no se siga paralizando", pues el cierre del Congreso es "una decisión que el pueblo mayoritariamente respalda".
