En materia de administración de conflictos, la negociación es la estrategia más socorrida para su abordaje en las sociedades modernas. Se trata de una vía alterna a las confrontaciones y el uso de la violencia, en el marco de la cual las partes llegan a un acuerdo dadas sus exigencias inicialmente incompatibles respecto a una cuestión determinada. Con la negociación se logran acuerdos en controversias que no se resolverían de otra manera, y esto lo podemos ver a todos los niveles: conflictos armados, sociales, políticos, judiciales y hasta en las relaciones interpersonales.
Cuando resultare imposible llegar a un acuerdo, entonces es recomendable que las partes se sometan a la decisión de un árbitro.
En términos ideales, los acuerdos, con la sola intervención de las partes o con el concurso de un mediador, deben finalizar con niveles de satisfacción mínimamente aceptables de los protagonistas. De igual manera, las decisiones que toman los árbitros han de estar en coherencia con los principios y valores que demandan la ética y la justicia social.
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Muchos acuerdos entre las partes y una gran cantidad de decisiones que toman los árbitros, reciben la influencia de personas o de poderes fácticos que no necesariamente son la parte visible o no figuran en los equipos negociadores o como parte de los jueces, pero condicionan los resultados. Esas instancias de poder no las vamos a encontrar en las salas de negociaciones, sino en su entorno.
La principal presión externa (más allá de la sala de negociaciones) para los negociadores a lo largo de estos procesos son las audiencias o personas a las que representan, cuando fuere el caso. Es natural que así ocurra, ya que se trata aquellos que tienen más comprometidos sus intereses y, naturalmente, se encuentran abiertamente enfrentados.
Otra fuente de influencia en las sociedades democráticas la constituyen los medios de comunicación de masas y las redes sociales, así como también la Iglesia y el empresariado (entre otros), que manifiestan sus opiniones y fijan posiciones.
El impacto de estos grupos en las decisiones que toman los negociadores y los encargados de impartir justicia, lo podemos identificar en varios escenarios. Hemos sido testigos de muchos pactos que pudieron haber tenido otra suerte, tales como las aprobaciones de algunos proyectos de ley, sentencias judiciales, otorgamiento de libertad condicional a reclusos y otros, de no haber sido por la influencia de lo que hoy denominamos sociedad civil.
El hecho de que los líderes y demás actores sociales reparen en las influencias externas cuando negocian o toman decisiones para finiquitar un conflicto, presenta bondades, pero también ciertos riesgos a tomar en cuenta.
Cuando la firma de acuerdos y las sentencias que emanan de los tribunales toman en cuenta estos pronunciamientos, el criterio de equidad podría estar mejor garantizado, y esto es uno de los pilares de la democracia y el proceso de negociación como estrategia cardinal de la convivencia pacífica y la paz social. Sin embargo, tanto los negociadores como los jueces, en cualquier contexto, deben asumir ante todo como fundamento del delicado rol que desempeñan, primordialmente, la búsqueda de la verdad y la justicia, lo cual podrán encontrar en las evidencias y también en lo que les dicte su conciencia.
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