EFE/Edwin Bercián
Miles de personas marcharon este miércoles de manera pacífica por las principales avenidas de la capital de Costa Rica para exigir al Gobierno, en el tercer día de una huelga sindical, el retiro de la polémica reforma tributaria que estudia el Congreso.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, dijo a los periodistas que la marcha ha tenido una participación "extraordinaria" y que demuestra que "el pueblo rechaza el combo fiscal".
"Hoy es un movimiento social en desarrollo y hacemos un llamado al diálogo. No hay que negociar ni una coma, el proyecto debe ser retirado por la paz del país, por el diálogo social, por el ajuste fiscal que se está cargando sobre las mayorías y las mayorías están en contra", afirmó Vargas.
Con pancartas, comparsas y consignas, miles de trabajadores caminaron por el centro de San José hacia el Congreso para exigir que la reforma tributaria sea retirada de la discusión y se abra una mesa de diálogo.
"Alternativas existen. Los sindicatos presentamos hace un tiempo un conjunto de propuestas, pero el presidente no tuvo ni la elegancia de darlas por recibidas", afirmó Vargas.
La manifestación transcurrió de manera pacífica durante el tercer día de una huelga que el Gobierno ha catalogada como "improcedente" e "ilegal", y ha hecho un llamado a los gremios a deponer el movimiento para dialogar.
El Gobierno aún no hace un balance de la afectación que ha habido hoy en los servicios públicos.
Durante lunes y martes el Gobierno afirmó que la afectación fue menor en general, pero sí fue importante en el sector educación y en el de salud.
Diversas instituciones del Gobierno han solicitado a los tribunales de trabajo que declaren ilegal el movimiento.
Los grupos sindicales rechazan a la reforma tributaria ya que consideran que afectará en mayor medida a las clases medias y bajas, y particularmente a los trabajadores estatales, debido a que contiene reducciones en pluses salariales para contener el gasto.
La reforma fiscal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, tiene como principal iniciativa la conversión del impuesto de ventas del 13 por ciento a un impuesto de valor agregado (IVA), con la misma tasa, pero que aumentará la cantidad de productos y servicios por gravar.
La iniciativa tiene un IVA diferenciado para los servicios de salud privados y los productos de la canasta básica del 4 y el 1 por ciento, respectivamente.
El proyecto también incluye la renta global y modificaciones al impuesto sobre la renta y la renta de capital, así como iniciativas para contener gastos, principalmente pluses salariales en el sector público.
El sector empresarial ha criticado a los sindicatos por salir a las calles a defender "privilegios" salariales.
El Gobierno ha dicho que el déficit fiscal proyectado al 7,1 por ciento del producto interno bruto (PIB) en 2018 y la deuda que superará el 50 por ciento del PIB, son las dos grandes amenazas para causar una crisis económica.
