Así lo manifestó este domingo un comunicado, en reacción a la encuesta Fraser 2018, según la cual el país se encuentra entre los menos atractivos del mundo para la inversión en minería, al situarse en el puesto número 76 de 83 economías evaluadas.

"Las dificultades para la inversión en el sector minero se han generado a consecuencia de una cultura anti-minera, alimentada por algunos sectores políticos y por fundamentalistas ambientales y que tiene su origen en un pasado traumático, que le ha hecho mucho daño al país y a los inversionistas de buena fe y eso debemos superarlo, aunque hay quienes no se resignan a romper con el pasado", afirmó Isa Conde.

Manifestó que las transformaciones requeridas en la industria minera no funcionarán con simples palabras o declaración de intenciones, sino con leyes que garanticen a los ciudadanos, al Estado y a los propios inversionistas un manejo del sector basado en una visión ganar-ganar.

El ministro sostuvo que "la ley del embudo", en la que el Estado ha recibido históricamente poco y las comunidades casi nada como compensación por las explotaciones de las riquezas del subsuelo, ha sido un factor de desconfianza para la población que, a la larga, ha afectado el clima de inversión.

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A su juicio, otro factor desfavorable ha sido el pasivo ambiental dejado por una minería salvaje del pasado, que ha cambiado notablemente con nuevas tecnologías y modelos productivos que impactan menos en el medioambiente.

"Con la base legal que estamos preparando en el Ministerio queremos enfrentar esa situación, por lo cual necesitamos que las empresas mineras se despojen por completo de la visión del pasado y emprendan con nosotros el camino de una legislación progresista, que dé paso a la sostenibilidad económica, social y ambiental de la industria extractiva", dijo Isa Conde.

Subrayó que la ola reformadora de la industria minera debe provocar un cambio cultural en quienes están anclados mentalmente a la minería salvaje y también en los fundamentalistas, cuya estrecha visión no le deja ver el futuro con claridad en cuanto al aprovechamiento racional de las riquezas del subsuelo.

La industria extractiva se rige actualmente por la Ley 146-71, con casi medio siglo de vigencia, y el Ministerio de Energía y Minas ha diseñado un anteproyecto para modificar ese marco legal, que actualmente está en el Poder Ejecutivo para ser remitido al Congreso.

"La pieza se ha socializado desde 2017, incorporando observaciones que la han enriquecido para lograr un modelo justo para todos", buscando "el mayor consenso posible respecto al anteproyecto, pero no puede renunciar a su rol rector ni a su deber de velar porque Estado reciba beneficios justos por la extracción de las riquezas de nuestro subsuelo", apuntó el funcionario.