Víctor Díaz Rúa | Foto: EFE/Orlando Barría
El Ministerio Público ratificó en audiencia que el imputado por corrupción administrativa Víctor José Díaz Rúa recibió sobornos mientras ejerció funciones en el Estado, para favorecer a la Constructora Norberto Odebrecht con la adjudicación de contratos de importantes obras pagadas con dinero de los contribuyentes.
Un comunicado de prensa enviado a Z Digital explica que al dar lectura a la acusación contra Díaz Rúa en la continuación del juicio en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los fiscales litigantes reafirmaron la acusación contra el exministro de Obras Públicas por recibir sobornos en el ejercicio de la función pública. También, le imputan lavado de activos producto de infracciones graves, enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada de patrimonio.
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El Ministerio Público indicó que la mayoría de los productos financieros fueron abiertos después de 2004, cuando el imputado inicia su gestión como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y cuando se desempeñó como titular del Ministerio (entonces secretaría) de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones entre 2007 y 2012.
“En ese período se puede apreciar la diversificación de sus productos financieros, cuentas de ahorros y corrientes, certificados, préstamos y tarjetas de crédito, que daban lugar a miles de transferencias y transacciones bancarias entre los asociados. Con ello, el imputado buscaba difuminar el rastro de los más de 400 millones de pesos que manejó desde 2004 hasta 2017”, detalló.
Manifestó que fueron cuantiosos los pagos que gestionó Díaz Rúa a través del también imputado Ángel Rondón Rijo, representante de la Constructora Norberto Odebrecht en calidad de cabildeo y socio en el país.
Los fiscales que intervienen en el juicio explicaron que mientras se desempeñó como funcionario, Díaz Rúa no tuvo ningún reparo en la utilización de sus cargos para solicitar y recibir, directa e indirectamente, sobornos como pago para beneficiar a Odebrecht en perjuicio de otras empresas nacionales y extranjeras, y del propio Estado dominicano, lo cual realizó aprovechándose de su cargo y utilizando las instituciones que dirigió.
Detallaron que para colocar los recursos ilícitos en el sistema financiero nacional el imputado utilizó una serie de maniobras que incluyen operaciones bancarias y comerciales. También, la adquisición de bienes muebles e inmuebles en operaciones en las que contó con la complicidad de familiares, amigos y personas cercanas, entre las que figura el coacusado Conrado Pittaluga.
“Todo un entramado societario fue creado para dar apariencia de legitimidad al dinero ilícito que a granel obtenía como consecuencia de las acciones delictuales que cometía en contra del Estado dominicano”, expusieron los fiscales durante la presentación de la acusación contra el exfuncionario.
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Señalaron que entre octubre de 2004 y septiembre de 2006, “el imputado Díaz Rúa aumentó su patrimonio a la astronómica suma de RD$89,575,748.88, mágicamente lo logró con un salario de RD$75,101.00 como director del Inapa”. Aseguraron que ello es el resultado del dinero ilícito producto de los actos de corrupción cometidos contra el Estado y el pueblo dominicano.
En ese mismo orden, indicaron que tras ser designado como secretario de Obras Públicas y Comunicaciones el procesado presentó una nueva declaración jurada de bienes, en fecha 10 de octubre de 2008, con un patrimonio neto de RD$414,083,066.53, reflejándose un aumento de más de un 200% en relación con la declaración presentada el 15 de septiembre de 2006.
Díaz Rúa creó varias empresas para el ocultamiento y la falsedad en las declaraciones de bienes para distraer y esconder su riqueza, entre las que figuran Guerra & Asociados C. por A., así como la compañía anónima Bloques Oriental, S.A. e Inmobiliaria Max 6.
El Ministerio Público precisó que Díaz Rúa también utilizó el dinero ilícito producto del pago de sobornos para adquirir bienes de lujo con la finalidad de introducir fondos ilícitos al sistema financiero, una maniobra típica del lavado de activos.
Citaron entre esos bienes, la compra del yate de recreo marca Pershing de 60 pies de eslora, bautizado como “Balbie” en honor a la esposa del imputado Díaz Rúa, el cual está registrado en Isla Vírgenes Británicas a nombre de la compañía offshore o de carpeta “Nutberry Limited”.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procurador adjunto Wilson Camacho, representa al Ministerio Público en el juicio junto a los fiscales Mirna Ortiz, Milcíades Guzmán, Isis de la Cruz, Joel López, Wagner Cubilete y José Miguel Marmolejos Vallejo. En el equipo también litigan los fiscalizadores Elizabeth Paredes Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.
En horas de la mañana del jueves, los representantes del Ministerio Público continuaron con la lectura de la acusación contra Ángel Rondón, quien según las investigaciones recibió unos 1,000 millones de pesos y 2 millones de dólares en sus acciones delictivas vinculadas con Odebrecht.
Con Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió que pagó en el país para sobornar a funcionarios y lograr la adjudicación de obras públicas, también son procesados Andrés Bautista García, Tommy Galán Grullón y Roberto Rodríguez.
Las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo aplazaron el juicio para el próximo lunes 16 de noviembre a las 9:00 de la mañana, luego de que se cumpliera el horario del día.
