Nelson Toca Simó, ministros de Industria y Comercio | Foto: MICM
El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) volvió a emplazar a los directivos de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) para que identifiquen a los funcionarios, personas y sectores que, según ellos, estarían autorizando o tolerando deliberadamente el contrabando de combustibles.
En un comunicado divulgado este lunes y que aparecerá el martes en espacio pagado en la prensa matutina, el MICM solicita a los dirigentes de Anadegas que además de hacer denuncias que alarman un mercado debidamente regulado, aportes los elementos de prueba que permitan a la autoridad actuar en consecuencia.
“Anadegas ha mantenido como práctica recurrente la realización de denuncias infundadas en los medios de comunicación, con el fin de confundir a la opinión pública y hacerse de mecanismos de presión para imponer sus reclamos e intereses particulares”, explica el comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la institución.
“Las denuncias de Anadegas en esta ocasión parecen orientarse a presionar a las autoridades del MICM para obtener un aumento del margen de comercialización que se le reconoce a los detallistas de combustibles”, agrega.
Informa que desde el inicio de la presente gestión de Gobierno, las autoridades del MICM han asumido con firmeza el reto de promover e implementar una verdadera reforma regulatoria e institucional, con el fin de erradicar las numerosas deficiencias, distorsiones e informalidades que han marcado históricamente el subsector de los combustibles en la República Dominicana.
Explica que el MICM ha puesto un énfasis particular en la reorganización y la supervisión de las actividades que componen la cadena de comercialización, así como la regularización de las estaciones de expendio de combustibles en todas sus modalidades.
En cuanto al depósito y comercialización irregular de combustibles, indica que fue emitida la resolución número 233, del 13 de octubre de 2016, que dispone la no extensión de la vigencia del Decreto núm. 183-11, del 24 de marzo de 2011, y sus sucesivas modificaciones, prórrogas y extensiones, que reconocía un mecanismo de subsidio o compensación de la suma equivalente a los impuestos al consumo de combustibles fósiles y derivados de petróleo a favor de los afiliados de los gremios de transporte urbano, interurbano y turístico de pasajeros y carga.
“Otra medida tendente a combatir el tráfico ilícito de combustibles fue la implementación de la resolución núm. 239, del 26 de octubre de 2016, que prohíbe y sanciona la distribución de combustibles a personas que no cuenten con licencia de operación de estación de expendio, y dispone la inhabilitación de tanques o dispositivos de depósitos administrados para comercialización por personas no titulares de licencias de operación”, dice el comunicado.
