Esmerarda Montero | Foto: Mairobi Herrera
Considero importante la autocrítica. Como investigadora y académica, me dedico a estudiar fenómenos comunicativos. En este ejercicio, he dado con una constante: los escándalos mediáticos exponen tanto de quienes alimentan el fuego de la ira colectiva, como de quien encendió la mecha. Nuestras reacciones exhiben lo que importa en realidad.
Me gustaría referirme de forma meditada a las recientes declaraciones de la diputada Faride Raful sobre la colocación de publicidad por parte del Estado en medios digitales, lo que suscitó mucho repudio.
Iniciemos por el hecho de que las declaraciones de la diputada están basadas en el análisis de menos del 1 % de la documentación entregada por la Dirección General de Comunicación (DICOM). Raful señala que el 95 % de las colocaciones de esta muestra auditada corresponden a medios con 10, 15 y 20 seguidores, me habría gustado ver unas declaraciones basadas en un espectro más amplio, ya que menos del 1 % no es determinante, aunque sí es llamativa la cantidad señalada aun basada en una muestra ínfima.
Pasemos ahora a la lógica publicitaria. Los medios con mayor alcance, los que tienen una verdadera capacidad de impacto, son los que por razones obvias son mejores candidatos para servir de plataforma de los mensajes, así que primera pregunta: ¿Por qué invertir los recursos del Estado en un medio que tiene poca capacidad de impacto?
Esta pregunta no está motivada porque considere que no se debe apoyar a estos medios, pero estamos hablando de la cosa pública, de la gestión de nuestros recursos. Como ciudadana, es mi derecho y el de cualquiera vigilar que el dinero que destina el Estado a publicidad se haga cuando menos de la forma más efectiva.
No se trata de que si un comunicador no tiene muchos recursos, no tenga derecho a emprender, soy de las primeras en sugerir que se use la capacidad de internet para avanzar hacia un periodismo independiente.
Ahora bien, ¿hay periodismo independiente en un país donde la gran mayoría de los medios, grandes o pequeños, tienen como cliente al Estado? ¿Podrían estos ejercer libertad de prensa si dependen económicamente del sistema que deben vigilar?
¿Está Faride atacando de manera personal a los periodistas o está denunciando despilfarro al encontrar una sobrecolocación de publicidad que no discrimina en la efectividad de los medios en los que invierte nuestro dinero?
¿Cuál es la lógica del estado al poner publicidad en páginas con escaso seguimiento? ¿Qué tiene más peso: el mensaje que se emite o la dependencia económica que se genera en el periodista y que de muchas formas le ata en el deber profesional de analizar y exponer las realidades incómodas?
No cuestiono a los periodistas que tienen medios propios o al Estado por publicitarse; ambas cosas están en un marco legal. Pero sí me cuestiono la formación de los dueños de muchos de los medios en línea, en un marco en el que no se exige una formación mínima para poseer páginas de difusión periodística. Y sí, me pregunto: ¿cuáles son las políticas que se manejan al momento de escoger dónde anunciarse, ya que tampoco es que seamos una súper potencia a la que le sobra el dinero?
Me preocupa que ante la denuncia que expone un presupuesto alto en publicidad, se ataque al mensajero sin analizar el fondo. No veo una afrenta personal hacia el gremio periodístico, sino un mar de dudas, tanto ante las razones de tanta “solidaridad” con medios de bajo impacto, como ante el hecho de que la mayor preocupación de muchos sea el modelo de negocio amenazado.
A mí como ciudadana me preocupa, ¿y a usted?
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