Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
Los que detentan el poder cumplen las leyes cuando les conviene. Ese es el proceder comprobado de la clase gobernante-dominante de este país.
Igual actitud tienen respecto a la Constitución de la República, de la que Balaguer dijera con descaro que era un simple “pedazo de papel”, y recordándolo es bueno subrayar que el trujillismo y el neo-trujillismo balagueriano infectaron de mala manera todo el sistema tradicional de partidos; registrándose entre sus grandes logros la perversión política del PRD-PRM, del PLD y todas sus facciones.
A esa realidad no ha escapado ni escapará la ley de partidos, ahora en proceso de aprobación en el Poder Legislativo por el danilismo, el perremeísmo y el balaguerismo, y en tren de ser impugnada por el leonelismo en el Tribunal Constitucional.
Todo eso es cháchara y basura.
Siendo ley, será de las peores, favorable al danilismo y además violable cuando le dé la gana a los que más poder detenten. Y si no es a así, el sistema se quedará sin ley de partido, pero con la preeminencia de los partidos tradicionales y sus socios empresariales sobre las manipulables instituciones vigente.
En todo caso, esa ley de partidos sería un maquillaje útil para el permanente show mediático oficialista y sistémico, y para la complacencia del CONEP y ciertos poderes fácticos.
Si la ley es solo de partidos, quiere decir que todo queda en manos de ellos, quienes precisamente, junto al gran capital y a las mafias empresariales y militares, han sido responsables del secuestro de una democracia ya de por sí restringida y corrompida.
Aquí lo que se necesita es cambiarlo todo: gobierno, régimen, sistema, Constitución, ley electoral, formas y métodos de participación política.
Y en lugar de simple ley de partidos se necesita una ley de participación electoral, que rompa el oligopolio de la política electoral a cargo de los partidos tradicionales y sus partidocracias delincuentes, y le otorgue derecho de participación a movimientos sociales, organizaciones culturales, comunidades y a los ciudadanos/as como tal.
Eso no se logra por la vía de un proceso electoral tan secuestrado y maleado como las demás instituciones del país, sino destituyendo lo dominante con el poder del pueblo en las calles.
Es fuerte el reto, pero absolutamente necesario asumirlo.
No hay salida institucional a los crecientes males dentro de este orden constitucional pervertido. El cambio viene desde fuera de sus instituciones y contra ellas. Hay que entenderlo así.
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