Mirna Ortiz, fiscal e integrante del Pepca | Foto: PGR/ Roberto Guzman
La fiscal Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó este martes que durante el juicio por los US$92 millones de sobornos que pagó la empresa Odebrecht en República Dominicana el Ministerio Público ha incorporado 430 pruebas en contra de los procesados.
“Lo importante de esto es que el Ministerio Público día con día está presentando sus pruebas y que el tribunal está acogiendo las pruebas; tenemos ya 430 pruebas incorporadas en el proceso con la declaración de los testigos y CD que contienen las informaciones financieras”, dijo Ortiz.
Este martes, la analista Jissel del Carmen Paulino Cáceres, la número 11 de los testigos que presenta el Ministerio Público en el juicio desde el pasado 8 de enero, continuó con sus declaraciones ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conoce la acusación contra los seis imputados de recibir y distribuir los sobornos pagados por Odebrecht a cambio de ser favorecida con la adjudicación de obras del Estado.
La fiscal Ortiz dijo que incorporaron una carpeta digital que contenía pruebas de cheques con valores. “La presentación de cheques busca establecer el manejo de las cuentas del ciudadano Víctor Díaz Rúa, que es en la fase en la que estamos; la cantidad de dinero que manejaban sus cuentas y luego serán presentadas otras evidencias sobre sus ingresos”, dijo y a la vez destacó que la testigo analizó informaciones financieras.
“Los testigos nuestros declaran conforme a su conocimiento y conforme a la verdad; ella (la testigo) utilizó datos financieros y sobre datos financieros es en lo que está en capacidad de responder”, agregó, al responder preguntas de los periodistas a su salida del tribunal.
Destacó que la testigo aclaró que dentro de la información remitida por la Superintendencia de Bancos existen cuentas que eran del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el que Díaz Rúa fue secretario de Finanzas, y que no fueron tomadas en cuenta a la hora de elaborar el informe.
“¿Por qué la Superintendencia remite esa información?”, se preguntó, para responder: “Porque esos montos y esas cuentas salían a la firma de Víctor Díaz y, al salir a su firma, la Superintendencia remite toda esta información al Ministerio Público y entonces el Ministerio Público tomando eso en consideración saca la información que no corresponde de manera personal a él o a sus empresas”.
“Solo se tomó a los fines del informe y lo aclaró la testigo lo referente a él de manera personal y de sus empresas”, enfatizó Ortiz, quien forma parte del equipo litigante que representa al Ministerio Público y que encabeza el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca.
Además de Díaz Rúa en el Caso Odebrecht son procesados Ángel Rondón Rijo, Tommy Galán Grullón, Andrés Bautista García, Conrado Pittaluga y Roberto Rodríguez.
Durante la jornada de este martes el Ministerio Público logró que el tribunal rechazara la petición de los abogados de Díaz Rúa, encabezados por Miguel Valerio, para que ordenara la realización de un peritaje a los informes financieros que realizó con relación a las cuentas y las empresas de su defendido.
Ante la decisión, la defensa de Díaz Rúa interpuso un recurso de oposición alegando que no se trataba de que se realizara una nueva prueba, sino un peritaje para que se identificaran solo las cuentas que correspondían al encartado, lo cual también fue rechazado a solicitud del Ministerio Público, ordenando el tribunal la continuación del juicio con las declaraciones de la testigo número 11 a cargo del órgano acusador.
La testigo Paulino Cáceres expuso sobre los informes financieros relativos a Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
Durante su comparecencia en la sesión de este martes presentó informaciones contenidas en CD, sobre estados de cuentas, así como movimientos bancarios de distintos productos financieros de Díaz Rúa, sobre los cuales elaboró su informe.
Con más de 1,700 pruebas que serán presentadas durante el proceso, incluyendo 28 testigos, el Ministerio Público procura demostrar que los imputados se enriquecieron producto de las acciones ilícitas con Odebrecht.
El Ministerio Público acusa al grupo de procesados de violar el Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos y la Ley 448-06, sobre Soborno.
El tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, ordenó la continuación del juicio el próximo jueves 11 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.
